¿QUE pasa en vuestra tierra con el patrimonio histórico-artístico?, me preguntan, desde sitios distantes, amigos conocedores del escándalo que venimos sufriendo desde hace años en Almería, que ha acabado por afectar a nuestro legado, y son la causa primera de su deterioro y destrucción.

Si, en verdad, a los políticos de todas las siglas, les interesara algo el legado cultural de la provincia, ya habrían salido en su defensa y, acaso, habrían hecho causa común para su mejora. Pero, su desinterés es manifiesto: piedras viejas que se vienen abajo y que dejarán más espacio para levantar adosados.

La política cultural de la Junta de Andalucía en Almería no puede ser más torcida y calamitosa. Lo reconocen muchos militantes socialistas, que comentan indignados las últimas jugadas, y aguardan un cambio radical y efectivo, que parece eternizarse.

Ha sido la Real Academia de San Fernando, el organismo de mayor prestigio, sabiduría y autoridad sobre patrimonio, con su expresa petición a la Consejería de Cultura para que declare Bien de Interés Cultural la antigua iglesia de Olula del Río, quien ha dejado al descubierto la pésima actuación que, vienen teniendo políticos mediocres y técnicos ignorantes y soberbios.

Unos y otros, carentes de argumentos para rebatir la declaración de ésta y otras muchas Academias, prosiguen haciendo un daño irreparable a la herencia cultural, a veces con el beneplácito o la ambigüedad de los Ayuntamientos.

Han de terminarse el desconocimiento, la falta de interés en considerar los documentos; la envidia y guerra abierta hacia quienes más han publicado y defendido nuestros bienes históricos; las medidas subjetivas y viscerales; la imposición; el saberse más altos y crecidos que la mismísima Academia de San Fernando; y la incapacidad de rectificar un informe o una valoración errónea, hasta el punto de convertirse en hazmerreír nacional y, en esperpento de un legado en peligro.

Está en vías de redacción una gran denuncia, sobre la situación del patrimonio en nuestra provincia, avalada con su correspondiente documentación, publicaciones y, el apoyo de entidades, académicos e investigadores, que será enviada a la presidencia de la Junta de Andalucía y del Gobierno y, a organismos internacionales como la UNESCO, para que se actúe en consecuencia.

La gravedad de la situación del patrimonio, mal atendido y peor valorado, que los medios de comunicación conocen y, sobre el que vienen llamando la atención, requiere medidas excepcionales pero, sobre todo, una sensibilidad nueva por parte de todos.