Unos días antes de las elecciones generales de 2011, el entonces candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, sostuvo que la dependencia no era viable. Esa afirmación, que escondía una gran mentira, se ha convertido a la postre en la única verdad que anticipó lo que vendría después. Por ley, el Estado y las comunidades autónomas tienen la obligación de cofinanciar la Ley de Dependencia al 50%, aunque desde el año 2012 el Gobierno del PP se ha dedicado a incumplir esa obligación. Como resultado, en los últimos cuatro años el Gobierno central ha acumulado con Andalucía una deuda en esta materia de 508 millones de euros. Afortunadamente, el Gobierno de Susana Díaz decidió que en Andalucía la dependencia se iba a mantener, aunque para ello hubiera que compensar con fondos propios el dinero que Rajoy estaba dejando de poner. Hasta el punto de que este año la Junta de Andalucía ha tenido que asumir prácticamente el 80 % de su financiación, mientras que el Gobierno de España sólo aporta el 20%.

De esta manera, los casi 17.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia que existen en la actualidad en la provincia han contado para este año con un presupuesto de 96 millones de euros, de los cuales 75 han sido aportados por la Junta de Andalucía y los 21 restantes por el Estado.

Por lo tanto, los recortes del Gobierno central a la financiación de este derecho han supuesto la pérdida de 27 millones de euros para la provincia de Almería en 2016. Gracias a que la Junta de Andalucía ha decidido reponer esa cantidad, los efectos de este recorte no se han traducido en una pérdida masiva de prestaciones.

De cara a la Legislatura que acaba de comenzar, los socialistas reclamamos al Gobierno que vuelva a reponer ese dinero que le está escatimando a la provincia de Almería, a la vez que exigimos que el Estado vuelva a hacerse cargo de las cotizaciones de las cuidadoras a la Seguridad Social, revertiendo un recorte que en la provincia de Almería afectó a más de 5.000 personas. Quitarle a una ley la financiación necesaria es una forma de derogarla en la práctica. Sin embargo, los andaluces nos hemos ganado el derecho a elegir nuestro propio camino a la hora de proteger la sanidad, la educación o la dependencia, por mucho que se empeñe la derecha en desprestigiar los servicios públicos para abrirle la puerta al capital privado.