En los últimos 45 años hemos conseguido cuadriplicar la cantidad de agua embalsada y duplicar la extracción de agua de ríos y humedales. Con un volumen de agua acumulado en presas y embalses entre tres y seis veces mayor que la que circula por los cauces naturales, nuestras ciudades se han desarrollado, las zonas industriales se han multiplicado y los cultivos de regadío se han expandido, aumentando también los requerimientos sociales por el recurso y creando importantes disfunciones entre disponibilidad y consumo que dibujan una situación mundial inquietante.

Las cifras que arroja el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (2003) reflejan una situación crítica desde la óptica social y ambiental: 1.100 millones de personas sin acceso a agua potable; 2.400 millones de personas no tienen acceso a sistemas de saneamiento; alrededor de 25.000 personas fallecen diariamente por enfermedades transmitidas por el agua; el 50% de las aguas continentales posee algún grado de contaminación; hemos degradado el 80% de las llanuras de inundación; etc.

Resolver la problemática del agua es una tarea realmente compleja. Multitud de actores e intereses se solapan, y la causa principal, aunque aparentemente múltiple y diversa (crecimiento demográfico, aumento del consumo, sobreexplotación de recursos, deterioro ambiental, etc.), es en realidad una cuestión de actitud y comportamiento altamente arraigada en la sociedad: si hay abundancia se despilfarra; si escasea, es fuente de conflictos.

El agua se ha conceptualizado por la sociedad moderna como un importante factor de crecimiento, y sobre la base de su disponibilidad se han construido y fortalecido las economías en expansión y las pautas de consumo y estilos de vida asociados. Lo cierto es que a mayor nivel de vida, mayor consumo de agua per capita. Para mantener una tendencia positiva de crecimiento, las políticas y las tecnologías se han centrado en maximizar el suministro para la industria, la agricultura y para cualquier otro proceso que mantenga el nivel de consumo de la sociedad.

Nos hemos centrado en la construcción de presas, embalses, transvases, canalizaciones, etc España es uno de los países del mundo con más presas por habitante. El resultado evidente de este desarrollo masivo de infraestructuras y de la excesiva extracción y contaminación de los recursos hídricos ha sido una profunda alteración de la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos, y de su capacidad para "fabricar" agua, llevándolos al límite de su funcionamiento. El agua de calidad, de la que no existe sustituto posible, se ha convertido en un recurso cada vez más escaso para mantener los procesos que sustentan la naturaleza y las sociedades humanas.

La realidad impone la necesidad de reorientar estas tendencias y desarrollar un cambio de estrategia desde la actual política de oferta a la de gestión ambiental de la demanda. En estas nuevas estrategias las metas se centran en el desarrollo de nuevos modelos de vida en los que el bienestar social, la estabilidad económica y un medio natural sano se reconocen como interdependientes y fundamentales, asumiendo que el deterioro de cualquiera de ellos empeora la condición de los tres. Esta visión, en la que se acepta la dependencia mutua entre personas (sociedad) y ecosistemas, es la que ha sentado las bases para la definición de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

La Directiva Marco de Aguas se estructura entorno a una nueva dimensión ambiental sobre la que es necesaria desarrollar la política del agua y se convierte en una ley revolucionaria en el ámbito hídrico, cuya implementación, asumiendo el carácter holista del agua, el concepto de ecosistema como unidad de gestión y el concepto de sostenibilidad, representa una gran desafío para los estados miembros. Este desafío no es solo técnico, sino fundamentalmente conceptual, ya que si no aceptamos el espíritu en el que realmente se basa y lo que ello implica, podría quedar totalmente debilitada en su transposición al ordenamiento interno regional. De cómo se entiendan y asuman estos aspectos dependerá la solidez y coherencia de la implementación en España y Andalucía de la norma europea.