La juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha decidido en el último momento suspender momentáneamente la entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los miles de correos electrónicos pertenecientes a las cuentas de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Como informó el domingo este periódico, dicha entrega la había solicitado la UCO dentro de sus investigaciones por las supuestas irregularidades de adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y, en un primer momento, la magistrada había accedido a la misma, de tal forma que la copia de los correos se iba realizar ayer, algo que finalmente no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la juez ha decidido esperar a resolver los recursos en contra, entre ellos, el de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio -una de las investigadas-, que considera "masiva e indiscriminada" dicha entrega, ya que la gran mayoría de estos correos no tienen absolutamente nada que ver con el asunto que se supone se está investigando.

Antes que nada hay que aclarar que la Guardia Civil tiene la obligación de investigar las sospechas de irregularidades en la concesión de la mina de Aznalcóllar y, en ese sentido, es normal que pida el acceso a los correos electrónicos que se generaron durante dicha operación. Sin embargo, lo que no puede hacer la UCO es exigir la entrega de todos los mensajes que emitieron los quince investigados durante 2013 y 2016, muchísimos de los cuales no tienen absolutamente nada que ver con el caso en cuestión. Es decir, los investigadores deben afinar más en su petición, especificar los contenidos a los que quieren acceder y no pretender que se les entregue documentación e información sensible sobre asuntos que en absoluto les competen.

En los últimos tiempos, se ha podido observar en algunos casos un exceso de celo por parte de los cuerpos policiales que en nada les beneficia, empezando por algunas detenciones espectaculares que no tenían ninguna justificación más allá del efecto mediático. Ahora, volvemos a observar una acción de trazo grueso en esta petición indiscriminada de miles de correos electrónicos. Las policías democráticas deben ser exquisitas en sus actuaciones y en sus peticiones a los jueces. La pretensión de la UCO de que una Consejería de la Junta ponga en sus manos información sobre multitud de asuntos que nada tienen que ver con su trabajo es, cuanto menos, un exceso que no debe ser atendido.