Lo que nos espera

Una agradable brisa de esperanza envuelve a Bruselas, tras el reciente primer Consejo de Europa. Una brisa originada en el eje Paris-Berlin, ese famoso motor franco-alemán que tiene en escena dos actores pro-europeos esenciales: Merkel y Macron. Esenciales frente a los desafíos de la globalización: la apertura de fronteras, la expansión de las perspectivas locales y nacionales, ... Un escenario donde Merkel apoya a un Emmanuel Macron enérgicamente pro-europeo y parece estar bien situada para ser reelegida en las próximas elecciones de septiembre. Entre tanto, los dos actores coinciden en avanzar en dos asuntos difíciles: la defensa de Europa y la cuestión de la inmigración. En la cuestión de la inmigración, tenemos no solamente al mar Mediterráneo sino también al verano. Y aquí el verano significa que no solo las playas del Mediterráneo son abordadas por la industria del turismo, sino que también sus costas son asaltadas por los mafiosos y traficantes de la angustia y la miseria humana. Angustia humana a la que, tras largas distancias de desierto y mar, le espera uno de los tres destinos posibles: adentrarse en Europa, ser bloqueados y deportados, morir en el intento. Necesidad, pero también esperanza humana a través de las tres rutas establecidas para atravesar el Mediterráneo. La oriental que conecta Turquía con Grecia y en la actualidad bloqueada. La central, donde Italia está en primera línea, y a través de la cual, según la Organización Internacional para las Migraciones, 83.928 personas han alcanzado Europa por mar en lo que va de año (de las cuales 71.978 lo hicieron por Italia, desde Libia). Esta misma Organización la califica como la ruta migratoria más mortal de la Tierra. Y la tercera nos implica a nosotros, la ruta occidental del Maghreb hacia España. La cual ha experimentado un aumento de la actividad en las últimas semanas. Habiéndose rescatado unos 414 personas, principalmente en Almería, Málaga, Tarifa y Cartagena.

Pero cualquiera que sea la ruta, la integración de los inmigrantes constituye un desafío político y social. Ante estos desafíos, muy recientemente, el Senado holandés ha aprobado una nueva ley para que los nuevos inmigrantes firmen una declaración de prometer respeto a los valores y normas de la sociedad holandesa. Con la intención de, según el ministro de Asuntos Sociales Lodwijk Asscher, familiarizarlos con estos innegociables derechos, obligaciones y valores. Indudablemente una medida para la cuestiones de la inmigración y de de la defensa de Europa.

En esta defensa, también es preocupante la protección de los derechos de los ciudadanos afectados por el divorcio del Brexit: aquellos ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido, y aquellos ciudadanos del Reino Unido viviendo en la UE. Cuestión que, junto con la recuperación económica y caída del desempleo en Europa, han hecho que la balanza del Brexit sea distinta a la de hace un año. De modo que según la encuesta de U.S.-Pew Research Center, justo un año después, hay un 54% de ciudadanos de Reino Unido favorables a Europa frente a un 40% en contra. Y ello en un lamentable contraste con la votación de junio del 2016: un 52% favorable al Brexit frente al 48% favorable a Europa.

Un lamentable contraste que podría muy fácilmente ocurrir tras ese posible referéndum de autodeterminación unilateral que Puigdemont ha anunciado para el próximo 1 de octubre. Si se realizara podría ocurrir que se rechazase la independencia como en Quebec y en Escocia. Pero también podría ocurrir lo que nos ha mostrado la encuesta de U.S.-Pew Research Center con el Brexit. En cualquier caso, el voto de los inmigrantes sería crucial para el resultado de la autodeterminación. Cataluña tiene uno de los porcentajes más altos de inmigración de España, procedente sobretodo de Latinoamérica y del norte de África. Y los inmigrantes ya establecidos están teniendo un importante rol como activistas y seguidores del separatismo. Mientras tanto, los partidarios de la secesión abogan por la nacionalidad Catalana para todos lo inmigrantes sin excepción, viviendo en el territorio, si Cataluña se constituye como Estado independiente. Pero para el Gobierno de Madrid no hay opciones, solo la de paralizar el referéndum cuando el Decreto de convocatoria esté ya firmado y publicado. Que probablemente será a mediados de agosto. Para ello, Madrid cuenta con dos opciones: una, la reforma del Tribunal Constitucional (aprobada en 2015) que le permite relevar de sus funciones a los representantes elegidos, por un procedimiento urgente, y la otra, el artículo 155 de la Constitución, que le da la capacidad de suspender la autonomía de Cataluña y tomar las riendas de la región.