Los tribunales dirimirán finalmente si la salida de los municipios de Armuña del Almanzora, Lúcar, Tíjola, Urrácal y Serón de Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A (Galasa), empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua en más de una veintena de municipios de las comarcas del Almanzora y Levante, ha sido legal. Una medida que les obliga, al no cumplir las cláusulas tarifas, a que a partir del 1 de enero de 2018 deberán asumir la gestión de este servicio. Así lo apuntaron ayer en varias ocasiones los portavoces del PP y el PSOE y el presidente de la Diputación, durante la celebración del pleno ordinario que volvió a evidenciar las claras diferencias que separan al equipo de gobierno de la oposición. "Quiero que las votaciones sean lo más claras posibles porque esto acabará en los tribunales", sentenció Gabriel Amat.

El portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, insistió en que estos municipios se sienten "extorsionados y coaccionados" ante la sanción de Galasa que suma -entre todos ellos- 5,6 millones de euros si no rectifican y aprueban las cuentas aprobadas hace unos meses en sesión plenaria. "Hoy -ha advertido Lorenzo- se inicia un camino judicial largo, porque esto no se va a poder seguir discutiendo en más plenos, sino que pasará a otro ámbito". Los municipios, ha adelantado, "no nos vamos a allanar ante este intento de desequilibrio que se nos está planteando, y las consecuencias de esta acción las valoraremos en el futuro". "La postura previa del puñetazo en la mesa no nos ha traído nunca en esta corporación unos buenos resultados y nos va a llevar a sitios a los que no deberíamos ir", ha lamentado el portavoz del PSOE.

El PSOE señala que los cinco municipios se sienten "extorsionados" y "coaccionados"

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Aureliano García, ha insistido en varias intervenciones que está abierto a "negociar, aclarar y revisar cualquier deuda", pero no está dispuesto a "dejar caer esta empresa que se llama Galasa y a seguir abriendo el agujero de deuda". Por ello ha sido incisivo en recalcar que "queremos prestar este servicio desde lo público y sin que la Diputación reciba ni un solo céntimo. Queremos cobrar a los vecinos el coste real de cada litro de agua que salga por sus grifos. Esos son los cálculos que hemos hecho y en base a los que han aprobado sus tarifas el resto de ayuntamientos".

En la votación, IU y Ciudadanos se abstuvieron aunque los primeros pidieron dejar sobre la mesa los puntos para seguir negociando y los segundos apuntaron en la misma línea "porque aún no está todo perdido", señaló el diputado Roberto Baca.

El pleno también aprobó, con el voto en contra del PSOE, la supresión definitiva del organismo autónomo del Instituto de Estudios Almerienses, así como su integración dentro de Institución Provincial. "La absorción del IEA persigue incrementar la operatividad, la participación y la independencia de una entidad que es un referente de la cultura e investigación almeriense", destacó García.