Ante la investigación que ha abierto la Guardia Civil para identificar a las personas que participaron hace unos días en una concentración como protesta por los daños ocasionados al yacimiento arqueológico de El Chuche, en Benahadux, el grupo de Unidos Podemos ha trasladado esta situación al Congreso.

Concretamente ha sido Eva García Sempere, la parlamentaria de Izquierda Unida que lleva los temas de la provincia de Almería, quien ha solicitado información respecto a la actuación policial frente al hecho de que “varios colectivos para mostrar su rechazo ciudadano, desplazaron una pancarta de forma cívica y sin cortar el tráfico rodado, en el lugar donde se produjeron los hechos. Se han practicado diligencias policiales donde se ha llamado en los últimos días por teléfono a representantes de distintas asociaciones culturales que participaron en la concentración, que no fue comunicada a la autoridad gubernativa, como obliga la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión”, explica.

García Sempere, en su escrito dirigido a la mesa del Congreso de los diputados, argumenta que las asociaciones “han explicado que la concentración surgió como un acto espontáneo durante el viaje en autobús de alrededor de un centenar de personas al yacimiento de Los Millares, organizado por la Asociación de Amigos de la Alcazaba, ya El Chuche se encontraba en su camino.

Por ello, y en connivencia con IU en la provincia de Almería, cuya coordinadora provincial, Rosalía Martín, asegura que esas diligencias de investigación “han causado un rechazo social y mediático de la sociedad civil, como una forma desproporcionada de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana Ley Mordaza”, el grupo parlamentario ha preguntado por los criterios de seguridad que ha adoptado el Ministerio del Interior para iniciar este tipo de investigación policial para determinar la responsabilidad de unos colectivos en la celebración de la protesta ciudadana pacifica y si tiene previsto el Ministerio del Interior abrir expedientes sancionadores conforme a las disposiciones sancionadoras de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La diputada por Izquierda Unida pregunta asimismo si considera el Ministerio del Interior ajustada al principio de proporcionalidad y principio de intervención mínima esta práctica de diligencias policiales sobre ejercicios fundamentales como el derecho de asociación y derecho de libertad de expresión.

La celebración de la concentración sin comunicación previa, en este caso a la Subdelegación del Gobierno, podría considerarse como una falta leve atendiendo a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y podría suponer una sanción de 100 a 600 euros para los organizadores o promotores.

“Por cuestiones como ésta, entre otras muchas, desde IU hemos mostrado siempre nuestra oposición a esa ley mordaza, que impide el derecho a protesta. Es indignante que se investigue antes a quien muestra su protesta por la destrucción del patrimonio que a quien lo destruye”, sentencia Rosalía Martín.