En los últimos cinco años, el gobierno local ejidense ha logrado disminuir en casi un 10% el valor catastral total de los inmuebles urbanos de El Ejido. Un hecho que, como apunta el alcalde, Francisco Góngora, "se fundamenta tanto en los cambios normativos como en las sucesivas revisiones realizadas sobre el suelo urbanizable y urbano no consolidado; fruto, por tanto, del trabajo que hemos desarrollado basado en la eficacia y la racionalización del gasto, así como en la búsqueda de la mejor gestión de los recursos públicos". Todo ello "con el objetivo de mitigar el gasto fiscal de los ciudadanos y favorecer, de manera indirecta, más alternativas de negocio, así como el crecimiento de la propia economía local", apunta.

La administración local logró una importante reducción en el valor catastral del suelo en parcelas situadas en suelo urbanizable bruto para 2014 y, el pasado año, se volvió a conseguir una nueva bajada, pero en esta ocasión para el suelo urbanizable ordenado y suelo urbano no consolidado. A estas revisiones se ha unido una última modificación que, en este caso, afectó a todos los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado que deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica. En el caso del municipio, ésta repercutió sobre los sectores que no cuentan con la reparcelación o el correspondiente Plan Parcial, pero "sólo afecta a su naturaleza catastral ya que siguen considerándose urbanizables", ha aclarado el primer edil ejidense, quien recuerda que el inicio de este procedimiento fue publicado en la Sede Electrónica del Catastro el 26 de octubre del año pasado y tuvo efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2016.

Serán, por tanto, cerca de 1.300 las hectáreas que dejarán de pagar esta plusvalía, un total de 1.757 parcelas. Una importante cifra que, tal y como ha especificado el responsable municipal, "aunque aún se encuentra pendiente del análisis del impacto real de la modificación por parte de los servicios municipales, se prevé que esta nueva revisión suponga al Ayuntamiento dejar de ingresar algo menos de 200.000 euros anuales". Es más, tal y como ha aclarado, "las consecuencias de considerar dichos terrenos como rústicos a efectos catastrales no sólo influye sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sino también sobre la plusvalía municipal en el caso de compraventas, donaciones o herencias, así como sobre la valoración a efectos del Impuesto sobre Transmisiones o sucesiones de la Junta de Andalucía".

A este respecto, cabe remarcar que la última Junta de Gobierno aprobó el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos de 2017, cuyo periodo de pago se abrió ayer hasta el próximo 19 de junio. De esta forma, se aprobó el abono de 70.523 recibos.