A la segunda fue la vencida. El equipo de Gobierno de Rosa María Cano (PP) aprobó en la mañana de ayer por segunda vez en menos de una semana el proyecto para la nueva fase del Paseo Marítimo y las expropiaciones para el mismo, con los votos a favor de su partido y del concejal del grupo de no adscritos, Lucas Mayo. Como ya sucediera en el pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles, tanto Somos Mojácar y el PSOE han vuelto a votar en contra del proyecto porque a juicio del portavoz socialista, Manuel Zamora, "las reivindicaciones de los empresarios de chiringuitos no están siendo escuchadas en relación a la ampliación del paseo marítimo que, indefectiblemente, afectará a sus negocios".

La repetición del pleno llega tras la amenaza de denuncia por parte de la edil de Somos Mojácar, Jessica Dee Simpson, que solicitó que se desconvocase el primero "por falta de información para ejercer su labor de oposición" al no recibir el proyecto de la nueva fase del paseo marítimo. "Un error", según fuentes municipales que también han apuntado a este periódico que no habría sido necesario su repetición porque al estar el proyecto en exposición pública se cumplía con la ley.

La sesión generó una alta expectación al contar con más de cincuenta vecinos, la mayoría dueños o trabajadores de los chiringuitos, los principales afectados con las obras de expropiación para la nueva fase del paseo marítimo. La regidora, Rosa María Cano, insistió ayer que el proyecto "viene de Medio Ambiente y Costas y que los chiringuitos llevan desde el año 1987 sabiendo que estaban en zona pública y en precario ( hay que recordar que el primer proyecto del Paseo Marítimo se aprobó en 1986) y que después de eso se ha aprobado en más ocasiones, en el año 91, en el 2002 y está en exposición pública para alegaciones desde 2016". Para tal fin, enseñó fotos de cómo estaba la playa en el año 1991 y cómo están ahora para ejemplicar que los chiringuitos han ido invadiendo la zona de dominio público por lo que "hay que cumplir la legislación", apuntó.

Desde hoy se someterá a información pública por espacio de veinte días en el tablón de edictos del Ayuntamiento y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para que se puedan realizar las alegaciones pertinentes antes de seguir con su tramitación.