AI amenaza a Industria con acudir a los tribunales por obstaculizar la emisión de un anuncio

  • El Ministerio de Industria considera que un spot televisivo en favor de los Derechos Humanos es publicidad política por "introducir elementos de controversia" y Amnistía Internacional le acusa de "censura previa"

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Amnistía Internacional (AI) ha exigido hoy al Ministerio de Industria que "deje de obstaculizar" la emisión en las cadenas de televisión de una campaña sobre derechos humanos y ha anunciado que si el Gobierno no rectifica acudirá a los tribunales por considerar esta actuación "censura previa".

El anuncio televisivo "El poder de tu voz", elaborado por AI con motivo del sesenta aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, muestra en imágenes a líderes políticos como George Bush, Fidel Castro, Mahmud Ahmadineyad o Hu Jintao mientras una voz cita partes del texto de la Declaración de Derechos Humanos.

Tras un informe de la Subdirección General de Medios Audiovisuales, el Ministerio de Industria, informa en un comunicado remitido hoy, denegó a AI en julio de 2007 la concesión de exención de cómputo para dicho anuncio, es decir, que la campaña no se considerase publicidad y que las televisiones lo emitiesen de forma gratuita, de acuerdo con la política que sigue la ONG.

Este informe defiende la imposibilidad de esta exención de cómputo porque el anuncio no tiene carácter benéfico ni se limita a difundir los derechos humanos al "introducir elementos de controversia" y la connotación implícita del mensaje al atribuir a determinados dirigentes políticos la vulneración de los derechos humanos que se citan en el anuncio.

El informe elaborado concluye que esta campaña sale del campo de los anuncios objeto de especial protección y exención de cómputo, y entra en otro que es el de la publicidad política "expresamente prohibida", excepto en periodo electoral.

En opinión de Esteban Beltrán, presidente de AI España, además de ser "una decisión equivocada e injusta", supone una "amenaza" a las televisiones, ya que la consideración de publicidad política conlleva sanciones económicas de hasta 300.000 euros si lo emiten, según lo previsto en la ley que incorpora la directiva europea de coordinación entre los estados miembros de la regulación de radiodifusión televisión.

Para Jon Zabala, abogado de la organización, es "totalmente incorrecto, aberrante y muy preocupante" la postura de Industria, ya que los derechos humanos no tiene color político y el anuncio no realiza una crítica directa a ningún líder político sino que "mueve a la reflexión".

No obstante, ambos aseguran que el Gobierno está "a tiempo de rectificar", pero que si no lo hace acudirán a los tribunales "como única posibilidad para intentar que esta campaña se emita por todos los medios". Hasta ahora las televisiones autonómicas de Baleares y Canal Sur, canales temáticos y algunos medios impresos han difundido este anuncio.

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