Expertos de diversas disciplinas pero con una preocupación común por el estado de salud de la población demandaron ayer una ley de movilidad estatal que integre los diversos intereses (económicos, ambientales, de calidad de vida) en las políticas urbanas. En el marco del congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Rosa Ramírez, del Ministerio de Sanidad; Anna Ferrer, de la DGT y Stephen Watkins, especialista de Manchester en transporte y salud, destacaron la relación directa entre la salud de las personas y la "racionalidad" de los planes de movilidad en las ciudades.