El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado al máximo responsable de la Fiscalía de Madrid, Manuel Moix, su "preocupación" por que se respeten los derechos de las mujeres abortistas en el marco de la investigación abierta contra las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo que operan en la capital.

Conde-Pumpido telefoneó al fiscal jefe de Madrid para expresarle su preocupación ante las informaciones periodísticas publicadas a partir de la citación de 25 mujeres por parte del juez José Sierra Fernández, que investiga a la clínica Isadora, para declarar ante la Guardia Civil acerca de los abortos que practicaron el pasado año.

La llamada de Cándido Conde-Pumpido se produjo después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificara el pasado lunes la ola de denuncias contra estas clínicas como "una campaña de intimidación" y reconociera que había ordenado a la Fiscalía General del Estado que se "extremaran las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento que hay abierto contra los centros abortistas.

En esta línea, el responsable de la Fiscalía de Madrid aclaró que Conde-Pumpido no ha dado "ningún tipo de instrucción ni pauta verbal concreta" respecto a la actuación fiscal en este proceso, si bien reconoció que le había telefoneado personalmente para comunicarle su "preocupación" por el hecho de que se puedan infringir los derechos de las mujeres que practicaron abortos en la época investigada por el magistrado.