La Fiscalía velará por las testigos del caso de las clínicas abortistas

  • Los centros asistenciales se reunirán con los ministerios de Justicia y Sanidad para abordar la polémica generada

El debate sobre la actividad de las clínicas abortistas sigue generando polémica después de que este fin de semana se hiciera público que 25 mujeres que abortaron en la Clínica Isadora de Madrid han sido citadas a declarar por el Seprona en el marco de una investigación de un juez de instrucción sobre gestión de residuos en este centro. Ante esta situación, el Gobierno ha asegurado ayer que garantizará que no se vulneren los derechos fundamentales de intimidad y confidencialidad de las pacientes que interrumpieron su embarazo, "ni por parte de las administraciones, ni de ningún otro poder del Estado", señaló la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En este sentido, la Fiscalía ha recibido instrucciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para extremar el celo en el respeto a la intimidad de las citadas.

La pasada semana más de una veintena de mujeres, usuarias de la clínica abortista madrileña Isadora, recibían de manos del Seprona una citación en el marco de una investigación sobre gestión de residuos orgánicos. Los datos de las pacientes fueron obtenidos a través de los expedientes encontrados en el centro que actualmente está siendo investigado por supuestos abortos ilegales. Esta situación ha llevado a estas mujeres a denunciar la vulenración de su derecho a la intimidad, una petición que el Gobierno apoya, según explicó ayer en una entrevista a la cadena Ser la vicepresidenta, quien aseguró que el Ejecutivo "no va a permitir que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales".

De la Vega explicó que el Gobierno sigue al detalle este caso y que "no tolerará" que se vulneren los derechos" de las mujeres. Sin embargo la vicepresidenta del Ejecutivo señaló que "la reforma de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo" no está en la agenda del Gobierno, aunque quiso puntualizar que no tiene nada que ver con permitir que se vulneren los derechos de una persona o incumplir la ley. En este sentido, anunció que esta semana se reunirán representantes de las clínicas con los ministros de Justicia y Sanidad, para tratar este asunto.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que la norma relativa a esta práctica no se ha mejorado hasta la fecha porque "no ha habido necesidad", lo que, puntualizó, "no quiere decir que si las necesidades sociales son otras, haya que replantearse la cuestión". Esta opinión no es unánime en el PSOE, donde otras sesibilidades prefieren no tocar la ley.

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