La Fiscalía pide penas de hasta ocho años de prisión para cuatro presuntos miembros de una organización neonazi que defendía la lucha armada para instaurar el nacionalsocialismo en el mundo y que a través de una librería vendía obras y revistas que negaban el genocidio.

En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público acusa de los delitos de difusión de ideas genocidas, contra los derechos fundamentales y asociación ilícita a los cuatro presuntos miembros de la banda neonazi, que incluso acudían a sus reuniones vestidos de uniforme con botas militares.

Los procesados, Oscar P., Ramon B., Juan Antonio Ll. y Carlos G. afrontan penas de entre cinco y ocho años de cárcel por esas acusaciones, en los que la fiscalía aprecia la atenuante de disminución de los efectos del delito, ya que han disuelto su asociación y han donado 18.000 euros para proyectos vinculados a víctimas de actos de xenofobia y genocidio.

La mayor pena la encara Ramon B., presidente de la asociación "Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI)", que se autodefinía nacionalsocialista y cuyos miembros estaban obligados a pagar una cuota mensual y a utilizar un uniforme reglamentario, consistente en botas militares, camisa crema, corbata negra, pantalón oscuro y brazalete con las siglas de la organización.

Dicha asociación, que estaba debidamente inscrita en el Ministerio de Inferior, incluía una organización exterior formada por militantes y simpatizantes y otra interior, llamada Hermandad Aria "La Orden", cuyo objetivo, según el fiscal, era "liderar una resistencia activa -incluso armada si fuera necesario-" para instaurar el nacionalsocialismo en el mundo.

El delegado en Cataluña de la asociación era presuntamente Oscar P., administrador de la librería "Kalki" de Barcelona desde la que, según la fiscalía, se distribuyeron todo tipo de publicaciones que negaban el genocidio nazi y que incitan a la discriminación o eliminación de ciertos grupos raciales y minorías, así como de las mujeres y los homosexuales.

En varios registros a esa librería efectuados entre los años 2004 y 2005, se encontraron numerosas obras que negaban la existencia del holocausto judío y propugnaban la reinstauración de regímenes totalitarios basados en la supremacía de una raza.

El ministerio público acusa a Carlos G. de haber colaborado con los anteriores elaborando artículos en las revistas editadas por la asociación que incitaban a la marginación y exclusión social de ciertos grupos sociales, razas y colectivos y de organizar actos y conferencias para exponer las tesis de la CEI.

También era uno de los presuntos suministradores de material, según la acusación pública, el procesado Juan Antonio Ll., de Creixell (Tarragona), en cuyo domicilio se intervinieron varios libros y revistas que negaban la existencia del holocausto judío.