La Diputación Provincial de Almería se ha convertido en uno de los referentes nacionales en la lucha contra la despoblación con su pionero Plan contra la Exclusión Financiera que ha dotado de cajeros a los 33 municipios que carecían de él en la provincia. 

Una medida, que a juicio de su presidente, Javier A. García y con los datos de uso en la mano, "revelan la necesidad que existía de estos cajeros en los municipios y como en el mundo rural el dinero efectivo sigue siendo fundamental para las transacciones comerciales. Se han movido el año pasado operaciones de en torno a 9,2 millones de euros a través de 64.000 movimientos". García ha precisado que el 91% de los movimientos que se realizan cada año son para realizar operaciones de retirada e ingresos de efectivo y que desde 2021 se ha incrementado su uso en un 30% de media en estos municipios.

Ahora, el Defensor del Pueblo le da razón al proponer al Gobierno declarar servicios económicos de interés general la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios, así como garantizar la existencia de un cajero y oficina en núcleos poco poblados. Así se desprende del informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables que ha presentado al Congreso la institución dirigida por Ángel Gabilondo.

El organismo justifica la adopción de estas medidas en las dificultadaes que suponen para ciertos colectivos realizar operaciones cotidianas y necesarias para el desarrollo de una vida normalizada como abrir una cuenta corriente, obtener efectivo o realizar una transferencia. La oficina del Defensor ha recibido en la última década 3.475 quejas relacionadas con estos temas.

A juicio de la institución Defensor del Pueblo el modelo vigente de atención al cliente ha de "ser optimizado por presentar lagunas que afectan, sobre todo, a los usuarios más vulnerables".

Para elaborar las conclusiones y recomendaciones de este informe, el Defensor del Pueblo ha realizado un diagnóstico desde distintos enfoques y ha examinado la operatividad de la atención bancaria y el acceso a efectivo, el servicio proporcionado a las personas con necesidades especiales, las cuentas de pago básicas, y la situación de la formación financiera y para la adaptación de los cambios tecnológicos de la población.

Así, ha identificado que los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores --por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones asociadas a sus cuentas, la eliminación de los pagos por caja en oficinas y de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidos presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades--; las personas extranjeras --por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias-- y los habitantes del mundo rural y la España vacía -por el cierre de sucursales bancarias-. También se considera en riesgo de exclusión financiera a las personas con discapacidad y colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.

“Los datos revelan la necesidad que existía de estos cajeros en los municipios y como en el mundo rural el dinero efectivo sigue siendo fundamental para las transacciones comerciales. Se han movido el año pasado operaciones de en torno a 9,2 millones de euros a través de 64.000 movimientos”, ha explicado Javier A. García, quien ha precisado que el 91% de los movimientos que se realizan cada año son para realizar operaciones de retirada e ingresos de efectivo y que desde 2021 se ha incrementado su uso en un 30% de media en estos municipios.

Recomendaciones

El informe del Defensor del Pueblo contiene 32 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a la Sociedad Correos y Telégrafos. Los servicios que la institución propone declarar de interés general son: la apertura de cuentas corrientes y cuentas de pago básicas --cuenta abierta en una entidad de crédito que permite a su titular el depósito de fondos, la retirada de efectivo y operaciones de pago en la Unión Europea, y que no puede condicionarse a la contratación de otros servicios adicionales--, la realización de movimientos bancarios y la retirada de efectivo.

En cuanto a la refiere desaparición de oficinas bancarias en núcleos rurales y en la España menos poblada, el Defensor del Pueblo considera que el proceso de cierre de la última sucursal o del último cajero de una población requiere de un "riguroso análisis" de impacto y de la proposición de alternativas para evitar que "los ciudadanos queden desasistidos sin poder hacer uso de servicios bancarios".

En esta línea, también aconseja asegurar que el despliegue de la red de oficinas con asistencia presencial y cajeros salvaguarde la competencia entre las entidades, fomentando modelos de gestión multimarca. Asimismo, recomienda crear un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, y la posibilidad de reproducir ese modelo de agencia con otras entidades con características y niveles de implantación territorial similares.

En relación a las cuentas de pago básicas, la institución ha detectado que, a pesar de que la normativa establece que su acceso constituye un derecho universal, no alcanzan a todos aquellos que las necesitan. Por ello, ha formulado recomendaciones para mejorar su publicidad entre los colectivos vulnerables y para establecer un proceso "más ágil de reclamación ante la denegación de este tipo de cuentas". Asimismo, ha solicitado la modificación de la regulación de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios para que se aplique un régimen sancionador específico.

Ejemplos de uso en Almería

El presidente de Diputación revelaba,  durante su participación en la Jornada de la Plataforma Denia, asociación que congrega a los defensores del dinero en efectivo, algunos datos curiosos sobre el funcionamiento de estos cajeros, llegando a ser el municipio de Líjar el que más movimientos ha generado. En este sentido, con 389 habitantes registró 6.119 movimientos durante 2023 con 1,23 millones de euros movilizados. En el caso de la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria, con 287 habitantes, se realizaron 5.081 movimientos y 678.000 euros de operaciones. En Albanchez, por su parte, con 682 habitantes hubieron 4.992 movimiento y 820.000 euros. Y en el municipio más pequeño de la provincia, en Benitagla, que solo tiene 53 vecinos, se registraron 369 movimientos y nada menos que 678.000 euros de operaciones según los datos de 2022.

Javier A. García ha explicado que el modelo utilizado en Diputación de Almería es la contratación de este servicio mediante concurso público en dos lotes que aglutinan las diferentes comarcas para acotar y poner fin la exclusión financiera cero en la provincia. Este contrato, de siete años de duración, está operado actualmente Unicaja y Euromatic Cash, que ganaron los dos lotes de 19 y 14 cajeros respectivamente.