EL proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 responde claramente al escenario de crisis en el que nos encontramos inmersos desde hace cuatro años y a la exigencia europea de cumplimiento escrupuloso del objetivo del déficit. En este contexto, a nadie le sorprende que el bocado a las inversiones haya dejado en muchas provincias los presupuestos más austeros de la historia de la Democracia. En Granada, hemos necesitado una crisis de este calibre para entrar, por primera vez, en los primeros puestos de las ciudades andaluzas con mayor inversión por habitante (256,74 euros), sólo superada por Almería con 344 euros por habitante. Los déficits en infraestructuras de esta provincia son tan vergonzosos que la ciudad tiene que aspirar sin ambages a conseguir dos objetivos fundamentales: la culminación de la A-7 y la llegada de la Alta Velocidad. Para la primera se han presupuestado algo más de 27 millones, aunque el documento habla de pagos que se prolongan más allá de 2016, en base al llamado método alemán de pagos. Confiemos en que solo se demore el pago y podamos ver la carretera antes de que termine la legislatura. Sí resulta preocupante que más del 28% del presupuesto de Granada (68 millones) se destine al pago de expropiaciones que, gobiernos anteriores presupuestaron pero nunca llegaron a abonar. Ahora, es prioridad renunciar a proyectos y pagar a esas familias que llevan años esperando cobrar del Estado, muchas en situaciones de absoluta desesperación. Con estas famélicas cuentas, lo único que cabe exigir es que se ejecute hasta el último euro del presupuesto. Con luz y taquígrafo. Con la necesidad de que todas las administraciones: Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento y Diputación se pongan a trabajar buscando únicamente la prosperidad de esta ciudad. Es lo que les demanda la sociedad, que Granada deje de estar en la cola de los rankings y se sitúe en el nivel que le corresponde por derecho.