La decisión del Ministerio de inCultura del desGobierno de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia es un ataque a la cultura y la libertad. Solo falta que relatores de la ONU hiciesen un informe abstracto amparando la decisión gubernamental y cuestionando que la Ley 18/2013, de 12 de noviembre para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, vulnera los sentires democráticos de la Constitución española. El siguiente paso será sancionar a los medios de comunicación en soporte papel o digital que recojan críticas a esta decisión o que den cobertura a “el Arte de Cúchares”.

De un plumazo involucionista contra los derechos y libertades de los ciudadanos, en donde hasta hace unos días mantenían que el premio estaba basado en el gran significado como patrimonio cultural de la Tauromaquia, digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia y que en su condición de patrimonio cultural los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución, a decir lo contrario con un desacertado trincherazo con espíritu comunista. Lo intentaron excluyendo a los toros con el “bono joven cultural”.

Es difícil entender, que además del aspecto cultural, la Tauromaquia tiene una indudable trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, produce un flujo económico que se traduce en miles de puestos de trabajo. Todo espectáculo taurino no es sino el eslabón final de un proceso en el que intervienen y se yuxtaponen diversas actividades económicas y sujetos productivos, desde los activos y recursos materiales y humanos dedicados a la cría del toro de lidia en el campo, hasta los activos y recursos materiales y humanos que intervienen en el espectáculo taurino propiamente dicho.

¿No merece que la Tauromaquia tenga un reconocimiento institucional para todo el territorio nacional por constituir un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos y dispersos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el turístico, entre otros? ¿Es necesario con esa decisión humillar los sentimientos de una parte de españoles invocando valoraciones sesgadas de la realidad social y cultural de España?