El Ayuntamiento de Almería trabaja a marchas forzadas, a través de la empresa concesionaria del agua, en la eliminación de los vertidos en las playas, aunque sin presentar el proyecto ante la administración que le ha abierto un expediente sancionador. Y es que los vertidos se han convertido en uno de los caballos de batalla del verano.

Los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente se encuentran a la espera de que el Ayuntamiento apure el tiempo para la presentación de las alegaciones, puesto que legalmente cuenta con un plazo de quince días para plantear una solución a los vertidos, y el registro del expediente de la sanción se fechó el pasado día 13 de julio, pese a que tanto el alcalde de Almería como el concejal de Servicios Urbanos han negado la llegada del documento. Cuentan además con acuse de recibo, según fuente de Medio Ambiente, desde donde se explica que el inicio de la sanción municipal se tramitó después de que se advirtiera a la empresa concesionaria la necesidad de sellar los vertidos y que Aqualia señalara como responsable directo al Ayuntamiento. Una vez que se determine el grado de afección de los vertidos, la sanción puede oscilar entre los 6.000 y los 300.000 euros.

Ambas administraciones no sólo discrepan en la llegada o no del expediente sancionador, sino también sobre si los aliviaderos están autorizados. Ayer mismo, las fuentes consultadas de Medio Ambiente señalaban la ilegalidad de los vertidos como elemento sancionador, mientras que el propio concejal Manuel Guzmán subrayaba que cuentan con la autorización, "como en todas las ciudades por motivos de alguna emergencia".

El expediente planteado inicialmente a la concesioaria fue abierto el 30 de mayo, y se amplió al Consistorio por "incumplir las condiciones en la autorización de vertidos"; puesto que la Junta sí reconoce que hubo una autorización tiene carácter excepcional para situaciones de lluvias torrenciales al no existir redes separativas desde el Auditorio hacia las playas de la ciudad.