La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería está enfrascada en la elaboración de la ordenanza que obligará a las comunidades de propietarios de edificios antiguos a efectuar inspecciones periódicas sobre el estado de conservación de los inmuebles como la que lleva aplicando desde hace diez años Cádiz. Los técnicos municipales visitarán precisamente esta capital abanderada, una de las primeras en España en regular la ITE (Inspección Técnica de Edificios).

La ordenanza que está preparando Almería tomará como ejemplo la gaditana que, en vigor desde 2000, supone una experiencia a seguir ya que, en opinión de los técnicos almerienses, se está realizando una "labor de artesanía urbanística", sobre todo en el casco antiguo. El Ayuntamiento de Cádiz cuenta incluso con una oficina específica para la gestión de las inspecciones técnicas, que han derivado en muchos casos en la ejecución de obras con las que se han podido garantizar la conservación de las edificaciones antiguas.

Sin más experiencia anterior que la de Madrid, Cádiz puso en marcha este sistema de control urbanístico con la apertura, en tan sólo su primer año de funcionamiento, de más de un millar de expedientes que afectaron a unas 4.000 viviendas, todas con más de 40 años de antigüedad.

El trabajo de la ITE será en Almería muy similar. Parte de una ficha con los datos catastrales de cada finca y el envío de cartas a los propietarios de los inmuebles afectados poniéndoles en conocimiento la necesidad de efectuar estas revisiones.

Tras un primer plazo para presentar alegaciones, el propietario deberá, en el caso de que su reclamación sea desestimada, encargar la inspección a un profesional, cuyo resultado será presentado al Ayuntamiento. Al igual que hizo el gaditano, el Consistorio almeriense firmará un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos en el que se estipulen tarifas especiales para la elaboración de estos informes, en los que deben constar los datos referentes al estado de conservación de los edificios, así como las recomendaciones para que la seguridad sea la adecuada.

Teniendo como base estos informes, los técnicos de la ITE emiten un certificado favorable o desfavorable que implicará, en este último caso, la obligación del propietario a llevar a cabo las medidas correctoras para garantizar la integridad del inmueble. El incumplimiento del proceso conllevará la imposición de multas coercitivas.