La filosofía acordada en el año 2004 por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la construcción de la urbanización de El Toyo como un residencial turístico de lujo en el que no tenía cabida las viviendas de protección oficial ha cambiado. La decisión parte de la propia Administración andaluza, que le ha encomendado a la Empresa Pública de Andalucía (Epsa), la promoción de VPO en los terrenos cedidos por el Estado en compensación de la deuda histórica.

La Junta es titular desde junio de 2010 de ocho parcelas en El Toyo y propietaria también de terrenos en el aún sin desarrollar Toyo II -bolsa que se expande por encima de la Nacional 344-. Durante estos dos años su suelo no ha recibido movimiento alguno, salvo la orden de embargo que el Ayuntamiento de Almería tramitó por el impago de la Consejería de Hacienda de las cuotas correspondientes a los gastos de mantenimiento de la urbanización que la comunidad de propietarios abona a la Entidad de Conservación de El Toyo.

Resuelto este débito con el ingreso en septiembre del pasado año de 300.000 euros, la Junta ha visto el camino despejado para concretar los planes de futuro de los terrenos de la deuda pública, entre los que también se incluyen el solar de la plaza Carabineros (números del 9 al 12) más otra parcela en La Cañada. El pasado mes de diciembre, el Consejo de Gobierno daba su autorización a la Consejería de Hacienda para encomendar a Epsa la gestión urbanística integral, incluida la comercialización y venta, de estos bienes patrimoniales. La Empresa Pública trabaja ya en el desarrollo de los planes constructivos, que incluye, entre otros proyectos, la promoción de VPO, entendiendo ahora que la incorporación de viviendas de protección en 2004 hubiera, como reconocía el anterior delegado provincial de Obras Públicas, dado "más vida" a este residencial, cuyo potencial turístico quería en su orígen preservarse.

Pero la irrupción de las crisis del ladrillo ha modificado los planteamientos. Al menos los de la Junta. Puede decirse que El Toyo se encuentra a medio cocer. De las 4.802 viviendas que fueron planificadas en 2004, la iniciativa privada llegó a construir 2.300, de las cuales un millar se encontraban hace menos de un año en venta o en alquiler. Una de las empresas promotoras, con 122 casas, llegó a solicitar la reconversión de vivienda libre al régimen de protección oficial.