La prostitución sigue acaparando la atención de los agentes sociales de la provincia, que en multitud de ocasiones han manifestado su preocupación por la situación de "indefensión y acoso" en la que se encuentran inmersas de las mujeres que la ejercen. El problema de amenazas e insultos que a diario soportan las prostitutas de la calle ya ha llegado a preocupar ya hasta el sector de la justicia e incluso a profesores.

Tanto es así que un grupo de docentes de la Universidad de Almería ha firmado un manifiesto, junto con jueces, magistrados, fiscales, abogados, sindicatos y entidades sociales de toda España en el que denuncian un incremento de la "violencia institucional" contra las trabajadoras del sexo. Critican el "insoportable atropello que están sufriendo en sus derechos humanos", así como "un creciente hostigamiento policial y una proliferación de ordenanzas municipales y leyes autonómicas que sólo persiguen sancionar económicamente la prostitución visible, lo que genera continuos desplazamientos y mayor exclusión sobre quienes ejercen esta profesión".

Aunque en Almería el Ayuntamiento aún no ha aprobado la ordenanza con la que quiere regular este tipo de trabajos en plena vía pública, los denunciantes consideran que la intención es de sacarla adelante con el objetivo de prohibir, como se ha hecho en otras capitales, y castigar aún más a las mujeres.

Los firmantes del documento insisten en que "los insultos y amenazas están a la orden del día, incrementando el estigma, la pobreza y la marginación social de quienes negocian los servicios sexuales en las calles" y aseguran que "a esos atropellos se suman frecuentes denuncias por desobediencia que terminan criminalizando así sus conductas (como la de permanecer en un lugar determinado de la calle) que representan el ejercicio legítimo de un derecho a la libre circulación", según se recoge en el manifiesto.

Indefensión ante la actuación policial, detenciones arbitrarias, aplicación generalizada de expulsiones a mujeres extranjeras, desprotección de las mujeres explotadas y merma general de derechos fundamentales son otros aspectos que denuncian los colectivos en un documento que se ha redactado tras un encuentro universitario celebrado en la ciudad de Málaga.