Posiblemente no sería exagerado decir que si todos los eslabones de la cadena judicial en la que se vio inmerso Raúl Ríos Forte, cómplice de Jonathan Moya en el secuestro y asesinato de Miriam Cuerda, hubieran cumplido con su función, la pequeña cuyo cuerpo fue encontrado en una alberca de la finca El Campillo de Abrucena, hubiera estado viva. Un recurso de casación presentado contra dos sentencias, por violencia física y psíquica y otra por un delito de lesiones contra una menor de 15 años de edad que fue denegado, permitió que estuviera en libertad y pudiera ayudar a Jonathan, el acusado de cometer el horrendo crimen. Si sangrante fue la actitud del tribunal almeriense en conceder la suspensión de la entrada en prisión, aún lo es más el periodo de tiempo que precisó el Constitucional en desbloquear su entrada en prisión, un retraso que a la niña pudo costarle la vida.

La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería ha sido calificada por la propia presidenta de la Audiencia Provincial de Almería como "incomprensible, sobre todo teniendo en cuenta los delitos por los que se le acusaba, que la víctima era menor de edad, así como la existencia de antecedentes; en estos casos, la suspensión de la sentencia no debería haberse concedido".

El proceso comienza el mes de noviembre de 2010, cuando el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería condenó a Raúl Fortes Ríos a un año y nueve meses por violencia física y a seis meses por lesiones a una menor de 15 años con la que mantenía una relación; dos años y tres meses que fueron ratificados porla Audiencia Provincial de Almería por lo que se inician los trámites para su ingreso en el centro penitenciario de El Acebuche. En enero del año pasado, la Fiscalía pide antecedentes y una vez recabados informa en contra de la suspensión de la condena dictada por la magistrada.

El condenado presenta entonces el recurso de amparo ante el Constitucional: En agosto se niega la suspensión de la pena y se pide un nuevo informe sobre el estado del recurso que "aún estaba pendiente su admisión o no", por lo que el Penal almeriense, acuerda la suspensión de una condena hasta su resolución definitiva que llega a finales del pasado mes de noviembre rechazando el recurso que es comunicado apenas quince días antes de su participación en el crimen, dos semanas que condenaron a Miriam, ya que fue detenido por agentes de la Guardia Civil como cooperador necesario en el secuestro y la muerte de la niña de apenas 16 meses de edad.

Toda esta maraña de procedimientos judiciales, de dilaciones y peticiones fue calificado ayer por la presidenta de la Audiencia Provincial como "incomprensible, ya que la suspensión de la pena no es preceptiva al presentar un recurso de casación, ya que entonces nadie entraría en prisión y cuando se trata de este tipo de delitos y más aún en el caso de una menor de edad y en una persona con antecedentes, en mi opinión no cabe bajo ningún concepto la suspensión de la pena" con lo que Raúl Forte debería haber estado en pleno cumplimiento de su condena cuando se produjo su participación (en un grado que aún debe ser determinado ya que poco se sabe de la misma) en la muerte de Miriam Cuerda en Abrucena.

Una vez producido el hecho, cabe ahora una intervención, bien del Decanato de los jueces de Almería, o bien del propio Consejo General del Poder Judicial o de una demanda de responsabilidad que es la vía que presumiblemente pueda elegir la familia.

No vale ni tan siquiera la alusión (cierta por otra parte) sobre la enorme carga de trabajo que tienen los juzgados de lo penal con 3.897 sentencias pendientes de ejecutar, ya que según Molina "no debe servir de excusa para que se haya concedido una suspensión que no debería haberse dado en nungún caso".

Las enormes similitudes con el caso de Mari Luz, ocurrido hace ahora justo cinco años, asesinada después de estar secuestrada por el pederasta Santiago Del Valle, en libertad al no haberse ejecutado una sentencia que tenía pendiente, llevaron ayer al padre de la niña, Juan José Cortes a reclamar "una una solución válida y efectiva" al sistema judicial.

Cortés señaló que "es el momento de tomar las riendas para que no vuelvan a pasar casos como éste", recordando que ya advirtió que "podía volver a pasar" lo que sucedió con su hija. El asesino de esta niña, Santiago del Valle, también tenía pendiente el cumplimiento de una condena por abusos a su hija menor, por lo que debería de haber estado en la cárcel cuando sucedieron los hechos que culminaron en la muerte de Mari Luz Cortés. Su padre considera que es "inadmisible" que "un delincuente esté en la calle porque el sistema jurisdiccional se lo permite. No es tolerable que esto suceda".