Los promotores del centro comercial previsto en La Rambla sólo tendrán que resolver un escollo para recibir el visto bueno por parte de la Junta de Andalucía. El delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio de Almería, Luis Caparrós, resalta que será los accesos los que tendrá que modificarse dentro del proyecto presentado para que la iniciativa "reciba el visto bueno y pueda seguir adelante tal y como se espera".

Según explica el responsable autonómico, ya son conocedores del requerimiento tanto la empresa como el Ayuntamiento de la capital, que habían presentado alegaciones al informe negativo emitido el pasado mes de octubre desde la entonces Consejería competente, Obras Públicas.

En dicho documento, se le negó el inicio de las obras debido a que «su clasificación como suelo urbano al no formar parte de un núcleo de población existente, ni poseer los servicios urbanísticos existentes las características necesarias para la ordenación propuesta». A ellos sumaban riesgos de desprendimientos por la orografía de la zona en la que se situaría, según señala el texto contrario a lo ya aprobado por parte del Ayuntamiento de Almería.

En relación a los accesos se explicaba que el proyecto no plantea «la totalidad que se entiende necesarios», con la necesidad de incorporar una red coherente de tráfico especialmente para las zonas con actividad singular, como en este caso. Así, advertían de la posibilidad de colapsos circulatorios en una de las entradas de la ciudad, en vez de propiciar la fluidez del tráfico que es aconsejable para estas zonas.

De hecho, la propia empresa resaltaba en la presentación del centro una propuesta contraria a la de la Junta de Andalucía, y resaltaron que se "dotará de servicios e infraestructuras, entre las que se incluyen generosos ramales de acceso, a una zona ya urbana y de clara expansión".

El proyecto se integró dentro de la modificación número 26 del Plan General de Ordenación Urbana de Almería, tras el proyecto presentado por la empresa CC La Rambla, perteneciente a Carrida Grupo Inversor.

Dicha empresa ha advertido durante el periodo de espera a la contestación de la Junta de Andalucía la posibilidad de presentar un recurso en los contencioso administrativo. Mostró su preocupación ante los derechos que se perderían, al igual que ha ocurrido con el Ayuntamiento. Urbanismo ha planteado en varias ocasiones el perjuicio económico que supondría para el Consistorio tener que devolver el dinero que recibió como adelanto para la puesta en marcha del proyecto.

El uso terciario permitió la dotación de un terreno de 34.099 metros cuadrados. Además, el Grupo Carrida se comprometió a urbanizar 60.000 metros cuadrados, y ceder un 15% de aprovechamiento, los dos millones que ya se han entregado a las arcas municipales y que tendrían que devolverse sin no se construyera.