"Jamás he robado dinero público y jamás he firmado como jefe de la Policía Adscrita facturas de comidas realizadas con mis amigos". Así de rotundo negó ayer ante el tribunal de jurado los hechos de los que se acusan al exjefe de la Unidad Provincial, Francisco Javier Rodríguez Barea. Contestó a todas las preguntas del Ministerio Fiscal, que ha formulado escrito de acusación y solicita para el procesado una pena de prisión de seis meses y nueve de inhabilitación, y explicó cómo era el procedimiento, desde el inicio hasta el final, desde que se reservaba una mesa en un restaurante hasta que finalmente la Junta de Andalucía realizaba la transferencia económica a la empresa para sufragar los gastos. Un proceso en el que indicó "en ningún momento llega dinero a la Unidad Policial, sino que directamente va a la empresa en cuestión después de la correspondiente factura de justificación de esos gastos".

Francisco Javier Rodríguez Barea aseguró ante la presidenta de la sala que el pleito en el que se ha visto involucrado "ha sido fruto de una trampa y complot del actual jefe accidental de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, Francisco Llinares para conservar su puesto de trabajo". Y es que como recordó el abogado defensor del procesado, "el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no sólo ha emitido una sentencia para que se le levante la suspensión de empleo y sueldo, sino que además ha concluido que debe ser readmitido en su puesto de trabajo en Almería", algo que de producirse podría ser en cuestión de quince o veinte días, con el consiguiente final de Llinares como jefe.

La Fiscalía y la abogada representante de la Junta de Andalucía ejercen la acusación particular en este caso, en el que además de Rodríguez Barea también está imputado el exjefe de negociado de la misma unidad policial, José Ignacio Romero, y que se encargaba de elaborar las facturas que han sido investigadas por la Fiscalía, de las cuales un total de 31 están presuntamente sin justificar, como asegura el Ministerio Público. Se trata de facturas relacionadas con supuestas comidas de trabajo que organizaba el exjefe de la Policía Adscrita, obras realizadas en la Unidad y reparaciones de vehículos en talleres, por valor de 33.103 euros, que fueron sufragados por la Junta de Andalucía sin que en su día se le pusieran trabas.

Rodríguez Barea admitió durante su declaración que "no tiene constancia" de que la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía hiciera un control sobre las facturas que pasaba la Unidad Adscrita con su firma y que se hacían tomando de base "unas plantillas" en las que se decía el número de personas que habían asistido a la comida de trabajo pero no su identidad. Rodríguez Barea insistió en que su firma "era un mero trámite para dar el visto bueno a unos gastos, lo mismo que también firmaba los recibos del alquiler mensual del local" que sirve a los agentes de sede policial. "No se quién podía controlar si una comida o una obra se había hecho, es triste pero es así", reiteró al Ministerio Fiscal, al tiempo que manifestó que "jamás" ha robado dinero público y que "es de no tener vergüenza prevalerte de tu cargo y del dinero público para comidas oficiales para que tus amigos coman por la cara. No he comido a costa del erario público". No obstante, sí reconoció que en casos puntuales se desvió presupuesto de un capítulo a otro, dentro del dinero destinado a la Unidad, para sufragar gastos de "uniformes y botas" para los agentes, pero "siempre con el consentimiento de la Delegación del Gobierno".

La Fiscalía sostiene que, entre 2007 y 2009, ambos se valieron presuntamente "en beneficio propio" de la elaboración de memorias con las que justificaron, por un lado, facturas correspondientes a supuestas comidas por motivos de trabajo "cuando no era así" y por otro, obras y servicios que, "al final, no se realizaron". La fiscal considera que "todas las memorias justificativas" era confeccionadas "de común acuerdo" por ambos, quienes "ajustaron su contenido al importe del dinero del que dispusieron".