Las facturas de los gastos de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía que han sido presentadas durante el juicio contra el exjefe policial Francisco Javier Rodríguez Barea, reflejan el nivel al que llegaban las comidas de trabajo que se realizaban con asiduidad desde el año 2004. Juan Marfil, el abogado defensor de Rodríguez Barea exhibió ayer, durante la tercera sesión de la vista, una memoria justificativa en la que acreditó que el actual jefe accidental de la Unidad, Francisco Llinares (quien denunció a Rodríguez Barea por presuntos delitos de malversación de fondos y falsedad documental), firmó una factura por valor de 1.410,10 euros por concepto de "una copa" ofrecida por la Jefatura Provincial a personal de la Delegación del Gobierno.

De igual modo, mostró otra factura que refleja la adquisición, por parte de Llinares, de un sillón de despacho valorado en 624,30 euros, y un armario de más de mil euros, cuyas cantidades se habían justificado con un concepto totalmente diferente. En la memoria justificativa, según indicó el abogado, se refleja que el dinero se había gastado en la compra de diez contenedores y ocho neveras para el Área de Medio Ambiente, para que el personal pudiera transportar y conservar los alimentos que consumían durante sus turnos de trabajo. La factura emitida por la empresa para tal adquisición asciende a 3.513 euros, aunque según el exjefe de negociado, José Ignacio Romero, también acusado de los mismos delitos que Rodríguez Barea en esta causa, "tal cantidad no se llegó a gastar por completo y quedó un sobrante a disposición de Llinares para que comprara lo que quisiera, pero las neveras nunca se llegaron a comprar". También indicó Romero durante su declaración, que el mobiliario se compró de esta forma, sin decir en lo que realmente se gastaba el dinero "porque no había una partida destinada a este tipo de gastos y cada vez que hacía falta algo así, para lo que no había presupuesto específico, se hacía de esta forma".

José Ignacio Romero aseguró ante el tribunal de jurado y a preguntas del abogado defensor de Francisco Javier Rodríguez Barea, que "no" le consta que el exjefe policial se haya quedado con dinero público, así como también negó haberse beneficiado él de estos fondos de los que se le acusa, puesto que "no manejaba efectivo y todas las facturas las pagaba la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía directamente a proveedores y restaurantes". "Mi única función era registrar las facturas, pero yo ni las confeccionaba, ni las pagaba", concluyó el acusado.

Los letrados defensores quisieron acreditar con estos documentos que "mucho antes de que el acusado llegara a Almería como jefe provincial de la Policía Autonómica "ya era habitual destinar dinero de unos capítulos para la adquisición de materiales para los que no había presupuesto, como es el caso de uniformes, botas...". Y a pesar de todo nunca se puso en duda la legalidad de dichas facturas. Y lo mismo con el anterior jefe a Llinares y Barea, que solicitó el traslado a Granada y que también está llamado para declarar como testigo en este juicio.

El secretario general de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Almería confirmó durante a preguntas del fiscal que "sí" asistió a una de las comidas organizadas por Rodríguez Barea en un restaurante de la capital, donde "se habló de trabajo".