El juicio contra el que el exjefe de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, Francisco Javier Rodríguez Barea, y el exjefe de negociado, José Ignacio Romero, por sendos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental aspira a ser histórico por sus dilatados interrogatorios. La vista, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería y que tenía que tener el veredicto del jurado popular el pasado día 4 de febrero (según estaba fijado en la agenda judicial), se prolongará probablemente hasta la última semana de este mes si la presidenta de la sala no toma medidas y decide celebrar sesiones por las tardes.

Acontecimientos inesperados como un funeral, la selección y formación de un jurado para otro juicio por un asesinato o la incomparecencia de un testigo que las defensas consideraban "primordial", han sido algunos de los obstáculos que han hecho que el curso del juicio se vea atropellado. Pero sin duda han sido los extensos interrogatorios de las defensas a los testigos que hasta ahora han pasado por la sala del jurado, los que han hecho que el caso que en un principio debía estar visto para sentencia en apenas una semana, se tenga que resolver en un mes. Los funcionarios aseguran que el caso aspira a convertirse histórico por ser uno de los juicios con jurado más largos de los que se han celebrado en Almería en los últimos años.

Cabe recordar que la duración de un juicio con jurado popular va desde los 5 días (el más corto) hasta los 25 días (el más largo). Todas las personas que forman parte de él tienen derecho a percibir una remuneración de 70 euros por día que dure el juicio además de la manutención, alojamiento en un hotel y kilometraje desde la residencia del miembro del jurado hasta la sala donde se desarrolla el juicio a razón de unos 0,20 céntimos por cada kilómetro. Todo lo sufraga la Administración de Justicia.