"¿Cómo lo ves? Pues un hotel. Se parece mucho al de Cancún, el del viaje de novios". Un matrimonio joven de catalanes se fotografía en la parte frontal inferior del hotel del Algarrobico, sólo unos metros delante de las vallas y el muro de hormigón sobre el que se iban a ubicar las piscinas del inconcluso inmueble de Azata del Sol en Carboneras, mientras su hijo de unos seis años revolotea alegremente cerca de la orilla. El mar está a 20 metros, resulta fácil no perderlo de vista mientras analizan las 22 plantas del establecimiento con detenimiento y entusiasmo. "No es tan feo", comenta la mujer a su marido mientras posa para la foto que minutos después acabaría en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp de sus familiares y amigos. La odisea jurídica en la que anda envuelto desde hace ya ocho años, desde que se ordenara la paralización de los trabajos, así como las continuas alusiones de los políticos y la mediática presión del lobby ecologista, que alcanza picos de audiencia en cada una de las seis invasiones de Greenpeace, están haciendo del símbolo de la destrucción del litoral, del retardo de la justicia y del viejo tiempo en política, aquella que no puso freno a la especulación más salvaje, también un icono turístico de la provincia. El flujo de visitantes en los meses de verano es continuo, una parada más en el recorrido por las singulares y paradisiacas playas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. La presencia en los telediarios y tertulias, el reciente cruce de acusaciones de Junta y Gobierno por las subvenciones y bendiciones al hotel y el martillo pilón del conservacionismo a raíz de las últimas sentencias que han abierto nuevas posibilidades a la defensa por parte de promotora y Ayuntamiento de Carboneras han situado a la mole indestructible como un atractivo más de Almería al que las administraciones llevan años condenando al derribo sin que la justicia culmine la crónica de una muerte anunciada.

Desde el inicio de las obras han pasado ya once años, casi treinta desde que se comenzó a gestar el proyecto turístico para el sector, y nada menos que seis ministros y otros tantos consejeros que han repetido consignas y enunciados como "aberración urbanística" y "maraña judicial" para adelantar un final que de momento no se ha escrito en ningún juzgado. Si en su día la Junta de Andalucía, en palabras de la entonces consejera de Medio Ambiente Fuensanta Coves, lo llegara a calificar como "un horror, pero legal", cuando en agosto de 2005 brotaban casi en cascada las protestas ecologistas, menos de un año después ya era ilegal para la administración que presidía Manuel Chaves, quien se vio forzado a ejercer el derecho de retracto en septiembre de 2006.

El gobierno andaluz fue uno de sus artífices, con los parabienes del Ejecutivo de Aznar, pero hoy es un lastre en el nuevo tiempo del socialismo de Susana Díaz y Pedro Sánchez. La Junta inscribirá en septiembre la finca sobre la que se asienta el hotel como terrenos de titularidad pública ejerciendo el derecho de retracto por valor de 2,3 millones de euros. A mediados de junio rechazó hacer efectiva la compra, que había solicitado días antes a través de un incidente de ejecución la asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata, al entender que a falta de sentencia definitiva alterar la inscripción de los registros públicos supondría "inseguridad jurídica". Tan sólo dos meses después, los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalaban la validez de la licencia municipal de obras y anulaban la protección especial de un terreno urbanizable, fueron decisivos para un nuevo vuelco de una postura cambiante. La Junta formalizará la compra del hotel en una notaría de la capital el día 12 del próximo mes para evitar que la mercantil madrileña opte por reiniciar los trabajos del hotel que ya estaban ejecutados al 94% con una inversión de 27 millones cuando se ordenó la paralización. De hecho, Azata les ha llegado a plantear, a raíz de las sentencias favorables a sus intereses, que se sienten a negociar una apertura consensuada del hotel con la que el símbolo de la destrucción de la costa pasaría a ser un referente medioambiental. Pero no coló la administración andaluza. Susana Díaz repite en público y privado que no puede permitir que siga ahí. Tendrá que pasar por caja y la cifra de momento no baja de los 70 millones de euros que Azata ha solicitado a través de los recursos de la Audiencia Nacional. En su momento, cuando se analizó una posible expropiación por parte de Junta y Gobierno, se pedían 200, una indemnización que saldría, al igual que los que harán efectivo el retracto, del bolsillo de todos los ciudadanos. Más otros 7,3 que se han previsto para la demolición y restauración paisajística.

Mientras unos y otros miran al Supremo, que será el que ponga luz al entramado jurídico, todos los políticos que lo impulsaron han logrado eludir por completo su responsabilidad. Ellos sí que son un símbolo, del despropósito.