La Policía Local y la Policía Autonómica tienen en investigación este curso escolar 151 casos de presunto fraude en la escolarización de menores de edad. Todos tienen su raíz en denuncias interpuestas por padres de alumnos que se han visto afectados tras quedar excluidos del centro donde pretendían llevar a sus hijos y que han dado cuenta de las irregularidades a los organismos competentes. La mayoría de las quejas ponen en conocimiento de las autoridades que hay alumnos admitidos cuyo domicilio no corresponde con el área de influencia de ese colegio.

El número de casos va en aumento respecto a los años anteriores (116 en el año 2013) y, como explicó a Diario de Almería la delegada provincial de Educación, Isabel Arévalo, "en apenas una semana ya se han resuelto 23 de las denuncias, lo que ha permitido que un centenar de alumnos pudiera escolarizarse entre el jueves y el viernes en los centros donde les corresponde y de los que quedaron excluidos en el mes de junio por falta de plazas".

La problemática, como indicaron fuentes de la Delegación Provincial de Educación, afecta principalmente a centros concertados con la Junta de Andalucía, aunque no quedan exentos de polémica al menos cinco públicos. En total son diez los implicados en estos presuntos casos de fraude en la escolarización, ubicados en la capital y en los municipios de Huércal de Almería, Aguadulce y Almerimar.

La picaresca a la hora de acceder a un colegio u otro se agudiza cuando aún no ha acabado el curso escolar, sobre el mes de abril o mayo. Y para muestra un botón. Buena parte de las denuncias que han sido resueltas por los agentes policiales reflejan casos de alquileres meses antes del proceso de escolarización para ganar puntos y tener más posibilidades de que se les adjudique el centro elegido, o incluso empadronamientos en viviendas de segunda residencia donde verdaderamente no viven las familias. Todos los casos sospechosos fueron derivados a la Policía, que se encarga de comprobar la veracidad de estas denuncias.

Una vez finalizadas las pesquisas, los agentes envían un informe a la Delegación Territorial de Educación en el que exponen sus conclusiones sobre cada uno de los casos denunciados. Con esta información, será de nuevo la Delegación la que se pronuncie sobre cada expediente y decida si existe fraude o no en cada uno de ellos. No todos los casos que se denuncian son sinónimo de fraude, aunque en el caso de Almería la mayoría sí son positivos.

La investigación de estos presuntos fraudes corre a cargo de la Policía Loca, como indicó la delegada provincial de Educación, quien destacó que también en casos puntuales interviene la Policía Autonómica, cuando la investigación es más compleja. Los efectivos se desplazan al domicilio que figura en la solicitud de escolarización, toman declaración a vecinos y testigos para comprobar que los niños residen o no en la vivienda en cuestión y, finalmente, también interrogan a los padres en aquellos casos en los que existen dudas.

Teniendo en cuenta que las denuncias se mantienen año tras año e incluso van en aumento, desde la Junta de Andalucía piden a los ayuntamientos que sean muy exhaustivos a la hora de realizar los empadronamientos para evitar que haya gente que utilice la picaresca en detrimento de otras familias que verdaderamente cumplen con todos los requisitos.