El Ministerio de Fomento ya ha encargado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que comience con carácter urgente la tramitación del expediente para la expropiación forzosa de los terrenos afectados por el tramo de plataforma del AVE entre Pulpí y Cuevas que se licitará antes de que acabe el año. El objetivo del departamento que preside Ana Pastor es acortar los plazos de un procedimiento por el que se ha previsto el inicio de las obras a lo largo del próximo ejercicio con un presupuesto de 86 millones de euros, un colchón de unos meses que puede resultar decisivo para que los trabajos estén en marcha para finales de 2015. De hecho, la licitación del tramo aún debe ser sometida el próximo mes a la aprobación del Consejo de Ministros para pasar después a realizar la adjudicación a la mejor oferta presentada. El único anuncio realizado hasta la fecha lo protagonizó la ministra de Fomento en su comparecencia en el Senado la semana pasada en la que se comprometió a sacar a licitación en el último trimestre del año el mencionado tramo de 12,5 kilómetros de longitud.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha sido la encargada de detallar el arranque de la tramitación por parte del ADIF en lo que considera que es un "primer paso fundamental para iniciar la construcción del nuevo tramo del Corredor Mediterráneo en Almería". Las parcelas sobre las que se ejecutará el nuevo trecho del AVE se llevaron ayer al Boletín Oficial del Estado para ser sometidas a un periodo de 15 días hábiles de información pública en el que cualquier interesado puede alegar o aportar por escrito datos oportunos para rectificar errores a la necesidad de ocupación de bienes y derechos afectados. La documentación también puede ser consultada en la Subdelegación del Gobierno, en la Dirección de Planificación, y en los ayuntamientos de Cuevas del Almanzora y Pulpí. "Se pone de manifiesto que la voluntad del Gobierno de España es que el AVE llegue hasta Almería cuanto antes", argumentó ayer la delegada Carmen Crespo. La que fuera alcaldesa de Adra aprovechó el anuncio para recordar que cuando Rajoy llegó al Gobierno existía en ADIF una deuda de más de 14.000 millones que ha dificultado la capacidad inversora de Fomento. Una limitación que se ha sufrido con mayor intensidad en Almería, que ha tenido que esperar tres años en blanco.