El 2 de abril de 2008 saltaba por los aires la aparente normalidad de los cerca de 3.000 vecinos del municipio de Zurgena. El descontrol de la fiebre del ladrillo en el Levante desembocaba en la primera gran operación de la provincia contra la corrupción urbanística denominada Costurero. A primera hora de la mañana el pueblo era tomado por la Guardia Civil y su alcalde, Cándido Trabalón, y otro concejal del Partido Andalucista (en total acaparaban ocho de los once de la corporación) eran detenidos por haber permitido la construcción de un millar de viviendas ilegales en distintos parajes de suelo rústico de la localidad acusados de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa ordenaba el arresto del edil de Urbanismo, Manuel Tijeras, un arquitecto ajeno al consistorio y el promotor Antonio López Ramos con el que se culminaba una investigación auspiciada por el fiscal de Medio Ambiente, que abrió diligencias en octubre de 2006, declarada secreta desde septiembre de 2007. En total fueron imputadas 23 personas, entre las que había promotores de Zurgena, Albox, Arboleas y Huércal Overa.

Casi siete años después de aquel jarro de agua fría para los alcaldes y concejales que creían que todo valía cuando más apretaban los intereses urbanísticos han sido casi una veintena los cargos públicos que han tenido que responder ante la justicia por delitos relacionados con licencias ilegales, pero Cándido Trabalón continúa navegando en un limbo jurídico en un mar de condenas y absoluciones. Sin embargo, el laberinto judicial en el que está envuelto desde su paso por prisión parece haber entrado en una recta final, con dos recientes sentencias que parecen descartar cualquier atisbo de inocencia. La Fiscalía Provincial de Almería solicitó en enero del pasado año 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación especial para cargo público, pero en función a la aplicación del artículo 76 del Código Penal del máximo cumplimiento de penas el tiempo límite serían 9 años. Después de su paso por prisión y la imposición de una fianza de 571.147 euros en base a los 120 delitos que se le atribuyen, Trabalón no ha querido dejar la política, como hiciera su mano derecha, el entonces concejal de Urbanismo Manuel Tijeras para el que se piden 178 años y seis meses de prisión y una fianza de 8.630 euros. En lugar de apartarse, el exalcalde con una decena de causas penales abiertas ha mantenido el acta de edil en Zurgena, tras repetir como candidato de los andalucistas y hacerse mediante pactos y mociones con la Concejalía de Obras Públicas, formación que meses antes descartó que lo hiciera. Y es que Trabalón no sólo se encuentra en un limbo judicial, condenado pero sin cumplir las penas, sino que además vive otro desfase institucional, al encabezar el Grupo Municipal del Partido Andalucista junto a otros tres concejales cuando ninguno milita en la fuerza política que fundó Rojas Marcos. Los andalucistas tienen cero militantes en Zurgena, pero mantienen cuatro concejales. Insólito. Tanto como el nuevo anuncio de la dirección provincial de que Trabalón no repetirá. La decisión tajante del PA que tanto esperan sus votantes en el resto de la provincia parece que no llegará. No han estado a la altura después de imputaciones y condenas evidentes, como tampoco lo estuvo el PP de Almería y su ambición electoral desmedida haciendo viable con pactos la continuidad del señalado por la Operación Costurero.

El exalcalde mantiene una decena de causas penales abiertas por impulsar la construcción de viviendas en suelo rústico y también tendrá que responder ante la justicia por ciertos favores de los promotores. Los permisos urbanísticos fueron concedidos por silencio administrativo, el mismo que mantiene a Trabalón en política siete años después. El municipio carecía de PGOU y fue en febrero de 2007 cuando la corporación municipal anterior decidió aprobar una figura denominada Delimitación de Suelo Urbano para declarar edificables las parcelas sobre las que se iniciaron viviendas impugnadas y denunciadas ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. La Junta echaba para atrás las licencias de primera ocupación y el consistorio las volvía a conceder. De ahí que Trabalón siga argumentando que es un tema político y dijera en octubre ante la jueza que si no podían ganarle democráticamente las elecciones lo intentaron por otro sitio. Una manía persecutoria que no repara ni un instante en los fallos que viene arrastrando. El último, de principios de este mes, lo deja bien claro: "No se discute que no tengan conocimientos técnico-jurídicos en la materia, pero con saber leer los informes que obraban en el expediente administrativo y molestarse en hacerlo, bastaba, era claramente desfavorable a la concesión de la licencia". Así lo recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería. Bastaba con saber leer para no conceder la licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas en la barriada de La Alfoquía. De hecho, la magistrada María Soledad Balaguer va más allá y asegura que lo autorizaron "a sabiendas de su injusticia" porque era evidente que el terreno no era urbanizable. Y recalca, tumbando cualquier defensa jurídica, que no es posible que esa tramitación de 200 viviendas en un pueblo de 2.340 vecinos en 2005 pasara como asunto menor porque suponía incrementar el censo en un 9% de habitantes. La condena, que se suma a otra anterior aún sin ejecutar, es de 15 meses de prisión y nueva años de inhabilitación.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería firmó la primera pena a finales de abril de 2013 por la que debía cumplir 21 meses de prisión y 9 años de inhabilitación para cargo público por la construcción de una promoción de 12 viviendas en el paraje de Los Carasoles. No era urbanizable y también lo sabían. En segunda instancia se revocó y dictó absolución, pero la Audiencia Provincial de Almería revocó la condena y absolvió a Trabalón y resto de concejales y anunla la demolición que pesaba sobre las 12 viviendas de ciudadanos británicos.