Almería

Sin indemnización y sin la comisión de investigación del 'caso Mary-Cruz'

  • La depuración de responsabilidades debía haber comenzado tras Semana Santa El particular afectado exige el inicio inmediato

La comisión de investigación para depurar responsabilidades ante un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias en el seno del Ayuntamiento de Almería por el caso de la mercería Mary-Cruz no ha echado a andar, pese a los compromisos adquiridos en su momento por el alcalde de iniciar el expediente interno una vez finalizada la Semana Santa. "Están teniendo cachondeo cuando saben que aquí hay tomate y, desde luego, no lo voy a permitir", advierte el particular perjudicado por esta historia de hace 22 años, Rafael Montoya, quien reclama el inmediato inicio de trámites para poder percibir la indemnización que le reconocieron los tribunales de justicia y que sus asesores valoran en 300.000 euros.

Ya que "el alcalde ha incumplido su palabra" y que desde el equipo de gobierno parece que "se pretende prolongar la comisión sine die", Montoya espera que el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, actúe como presidente de la comisión y convoque la misma este próximo mes de octubre, solicitando además que sea a puertas abiertas, "pública y con presencia de los medios de comunicación", en lugar de un expediente interno.

Sería la primera comisión que abrirá el Partido Popular en estas dos últimas legislaturas, abordando un asunto singular. Por un lado, por afectar a un particular, el que fuera el exjefe de la Policía Local de Roquetas de Mar, y por otro, porque su origen se remonta a 1987, cuando la propiedad del local que ocupaba la tienda, en la calle Terriza, decide suspender el contrato de alquiler con el afectado. Consigue, en 1994, que el Ayuntamiento desaloje a los inquilinos y los artículos y enseres de la mercería pasan a custodia municipal en un habitáculo, mientras que empieza el periplo judicial de Montoya.

Tres sentencias de los tribunales de Justicia otorgan la razón a Montoya y su familia por sufrir un desalojo que vulneró los derechos constitucionales, condenando el último dictamen al Ayuntamiento al pago de 3.000 euros por daño moral y a hacer frente a responsabilidades patrimoniales que la Administración todavía no ha atendido. No se sabe dónde está el citado habitáculo y el paradero de los artículos, algunos de lujo como perfumes y bolsos de piel, que en su día fueron retirados. Desde el Consistorio se alude a un robo del almacén municipal, si bien no hay denuncia a tal efecto, salvo la formulada contra un vendedor ilegal que trataba, en 2012, que le compraran en otra mercería unos ovillos de lana que portaba en una bolsa con el nombre de Mary-Cruz. Lo único que por ahora ha podido recuperar Montoya es una vieja caja registradora con 7.300 pesetas.

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