La instrucción judicial de la Operación Costurero, contra la supuesta corrupción urbanística en el municipio de Zurgena se sitúa en la antesala de la celebración de juicio. El titular del juzgado número 2 de Huércal Overa, David Villagrá, ha dispuesto, mediante auto dictado el 19 de junio, la continuidad de las diligencias como Procedimiento Abreviado, lo que en la práctica, y salvo sorpresa de última hora, supone la preparación de la vista oral en los juzgados de lo Penal de Almería.

El juez ha dado traslado de su decisión al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que formulen escrito de acusación o de sobreseimiento (archivo), o para que “excepcionalmente” soliciten la práctica de diligencias complementarias “indispensables para la tipificación de los hechos”. El responsable del juzgado huercalense tomaba esta decisión poco después de que dos de los imputados y ocho abogados pudieran escuchar por primera vez y por espacio de 30 minutos las grabaciones de los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil.

De los 24 acusados, sólo acudían a ese acto el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras, y el empresario Tomás Zurano. Más tarde, Tijeras decía a esta redacción que las grabaciones “tienen una calidad pésima. Ni siquiera se escuchan bien y a veces es casi imposible asegurar lo que se está diciendo”. Añadió que “que el contenido de las transcripciones realizadas por la Guardia Civil no se ajusta ni por aproximación a la literalidad de las conversaciones”. Así mismo, avanzó que las defensas entienden que los textos de las trascripciones están elaborados fuera de contexto.

Sea como fuere, el juez entiende que el sumario aporta suficientes indicios para que los imputados se sienten en el banquillo de un juzgado de lo Penal. Los delitos que baraja son prevaricación, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, cohecho, falsedad documental, actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias y desobediencia. De probarse estos cargos, se contemplarían penas de cárcel e inhabilitación especial.

Entre los 24 acusados destacan el alcalde de Zurgena y su primer teniente, Cándido Trabalón y Manuel Tijeras, respectivamente, a los que se les imputan un total de 11 delitos. Junto a Trabalón y Tijeras aparece la anterior Corporación Municipal en pleno –mandato 2003/2007-. De sus 11 integrantes, sólo ha quedado excluida la edil del PP, María del Mar Simonelli, que optó por abstenerse en las votaciones para la “concesión de multitud de licencias en suelo no urbanizable”. El resto de concejales podrían haber cometido prevaricación urbanística.

Se suman a la lista de imputados la ex secretaria municipal y tres profesionales de urbanismo. Éstos últimos, según el sumario, trabajaron para el Ayuntamiento emitiendo informes favorables que servían para la otorgación de licencias a proyectos en suelo no urbanizable que habían redactado ellos mismos a nivel privado.

De otra parte, en la instrucción están los nombres de varios empresarios ligados a la construcción que con sus actuaciones podrían haber cometido cohecho o incurrido en desobediencia no atendiendo a las órdenes de paralización cautelar de obras dictadas por la justicia.

Quien no aparece entre los implicados es el delegado provincial de Ordenación de Territorio, Luis Caparrós, al que la Guardia Civil le grabó una conversación telefónica con el constructor huercalense Tomás Zurano dándole garantías de que lo suyo en Zurgena se solucionará, “y a los demás que le den…”.

Las investigaciones de la Operación Costurero –denominada así por su relación con el apellido del concejal de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras- comenzaron en los primeros meses de 2007, a raíz de la querella presentada por la Junta de Andalucía contra 10 de los 11 miembros de la anterior Corporación de Zurgena por presuntos delitos urbanísticos. Pero su momento más álgido se producía el 2 de abril de 2008 con la detención del alcalde y el propio Tijeras; los técnicos municipales Francisco Salvador y Carlos Berbel; y los promotores Tomás Zurano -de Huércal Overa- y Antonio López – de Zurgena-. Paralelamente se llevaban a cabo registros y la incautación de amplia documentación en el Ayuntamiento y en las viviendas de los detenidos o sus lugares de trabajo.

Los seis acabaron en la Comandancia de Almería, desprovistos de sus objetos personales e incomunicados en calabozos. Dos días después, el viernes, 4 de abril, esposados, fueron conducidos hasta los juzgados de Huércal Overa donde prestaron declaración y salieron en libertad con cargos. En los días posteriores una número sin concretar de personas desfilaron por la Comandancia de Almería para declarar. Con el pasar de las semanas, los imputados sumaban 24.

Así lo reitera el edil de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras, quien se muestra convencido de que saldrán “absueltos”. Como prueba, el andalucista cita los “muchos” contenciosos administrativos ganados frente a una Junta de Andalucía que estima que existen en el término de Zurgena unas 1.000 viviendas construidas fuera de ordenación. “Los jueces del ámbito administrativo –ahonda Tijeras- nos están dando la razón en la mayor parte de las licencias denunciadas por la Consejería de Ordenación del Territorio”.

El también primer teniente recuerda que como consecuencia del acoso de la Junta y la Operación Costurero, el urbanismo ha quedado reducido “a cero, a la nada”, y se han perdido por ello “millones de euros”.

Por lo pronto, señala, hay unas 500 viviendas paralizadas y los ingresos por licencias de obras en el Ayuntamiento son meramente testimoniales, lo que provocado que el presupuesto municipal se haya reducido en más de un 50%: “Estamos pagando las nóminas con dificultad y ni siquiera se puede cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a las casas que tienen problemas”.

“Las cosas se han puesto tan mal que el urbanismo en Zurgena es de alto riesgo”, sentencia.