El Consejo General del Poder Judicial tendrá que resolver una segunda denuncia una segunda denuncia contra el juez instructor de la denominada Operación Costurero, la mayor de las que se han desarrollado en la provincia de Almería contra el urbanismo ilegal, junto a la ya presentada por el Ayuntamiento de Zurgena. Ahora ha sido el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, único cargo político imputado en la trama junto al alcalde Cándido Trabalón por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Según ha podido conocer este diario, la denuncia contra David Villagrá, titular del Juzgado número 2 de Huércal-Overa, se basa, por una parte, en que el instructor de la causa no muestra la misma diligencia ni interés en la resolución de las cuestiones planteadas por Manuel Tijeras que en las actuaciones encaminadas a la acusación. Así, el denunciante destaca el caso omiso efectuado por el juez instructor del caso a las reiteradas solicitudes de reintegro de los cinco mil euros que le fueron intervenidos por la Policía Judicial, a la vez que igualmente le fiscalizaron los justificantes acreditativos de la procedencia legal de la citada cantidad.

Según manifiesta en su denuncia el concejal Manuel Tijeras, "el juez instructor no ha resuelto ninguna de las peticiones, ni ha ofrecido ninguna motivación para negarse, por lo que vulnera el derecho de defensa al no poder litigar la decisión adoptada y, en consecuencia, conculca la presunción de inocencia".

De otro lado y como ya fuese denunciado en su momento por el Ayuntamiento de Zurgena, reclamación que se resolverá en la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que se celebrará el próximo lunes en Madrid, el imputado Manuel Tijeras señala haber llegado a sus oídos que el Juez Instructor del Juzgado número 2 de Huércal-Overa, David Villagrá, indujo al menos a otros dos imputados a cambiar su declaración y cargar toda la acusación contra el concejal de Urbanismo del Consistorio zurgenero. Igualmente, Tijeras subraya en su denuncia que en el Ayuntamiento de Zurgena consta que ciudadanos británicos citados por el mismo juez fueron conminados a ejercitar la acción de reclamación y a personarse como perjudicados en el caso ante la realidad de que sus viviendas pudieran ser derribadas como consecuencia del proceso judicial en marcha.