Tiene 59 años y palabras de agradecimiento a su mujer y a Juan Romero, el "alma máter" del Sindicato Andaluz de Funcionarios en el que ha participado José Manuel Mateo, presidente provincial, desde su creación en 2003.

- ¿Por qué se crea el sindicato?

- Los funcionarios siempre hemos sido la moneda de cambio con la administración. Los sindicatos no convencían. El CSIF era el más independiente, pero erró en su política de funcionarios.

-¿Con cuántos afiliados nace?

-Lo formamos cinco compañeros. La sede era mi casa, el teléfono era el de mi casa... Pusimos dinero de nuestro bolsillo para la escritura y, fíjese, ahora somos mayoritarios. En Almería, rondamos ya los 300 afiliados.

-Ha sido una evolución rápida.

-Teníamos que ir centro por centro buscando a personas para poder confeccionar la lista. Hemos hecho el sindicato desde abajo, como cuando un aprendiz llega y le ponen a barrer el taller. Así empezamos y ahora nuestro mensaje ha entrado de forma rotunda.

-¿Cuál es ese mensaje?

-Defender los derechos de los ciudadanos. Muchos van a optar a un puesto de trabajo en la administración y no queremos privilegios. Queremos que la Junta cumpla el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad. Queremos dignificar el trabajo del sindicalista, devolverle la credibilidad que han perdido. Queremos también dignificar al funcionario público. Tenemos mala prensa, cuando es un trabajador con los mismos problemas que cualquier otro.

-¿Uno de ellos es la reordenación del sector público?

-La Junta se ha creado un grave problema con la administración paralela. Evita el derecho administrativo y la fiscalización, con el añadido de que los consejos ejecutivos están copados por ex altos cargos que no ejercen labor alguna, sólo de representación, cuando le está costando un dineral al ciudadano. Además, para crear una empresa o agencia pública, de algún lado tienen que sacar el dinero y lo hacen desdotando a la administración de funcionarios, cuando son garantes de un trato igualitario al ciudadano, y restando la posibilidad de convocatorias públicas.

-¿Cuántas convocatorias están en riesgo en Almería?

-No lo sabemos. La Junta no ha negociado cuántas personas se marchan a las agencias. Sólo se preocupa de evitar la fiscalización. Las empresas públicas son un coladero de dinero, cuando la administración dispone de trabajadores cualificados para desarrollar los mismos servicios para los cuales contrata a personal externo.

-¿Pero se gana agilidad?

-Es una simple justificación. Los preámbulos de las nuevas normativas son maravillosos, y hasta te convencen, pero luego lees es el articulado y es palabrería. Hablan del bien ciudadano, pero la Junta sólo busca el bien de los ciudadanos de su partido. Y a las pruebas nos remitidos.

-Remítanos...

-¿Dónde está la convocatoria pública de los 30.000 empleados?

-¿No cree que esos puestos no se hubieran creado de otra manera?

-Cuando la Junta mantiene esa administración paralela entendemos que es porque necesita servicios, pero se está aprovechando de la temporalidad de ese personal externo. ¿Por qué no lo saca a convocatoria pública y que consiga el puesto fijo el que mejor puntuación obtenga?

-Habla usted de la Junta, pero cada vez es más frecuente empresas en la administración local.

-La agilidad es una justificación para manejar el presupuesto sin la fiscalización del funcionario. En una empresa, se hace lo que manda el jefe y todos a obedecer y, si no, a la calle.

-¿No se les da la posibilidad a los funcionarios de entrar en las agencias respetando derechos?

-Eso es lo que la gente cree. En realidad, a los cinco años, al funcionario le obligan a pedir una excedencia voluntaria, mientras que una persona de la calle, que entra sin pasar unas oposiciones, acaba convirtiéndose en funcionario sólo por una entrevista personal o por afinidad política.

-¿'Funcionarios a la carta'?

-Sí, que responden a un partido.

-Otro caballo de batalla son los recortes salariales.

-El Gobierno de la Nación quiere reducir gastos, pero a costa de los funcionarios y sin reparar en los superfluos. Es una confiscación del sueldo.

-También algunos reciben un plus por permanecer en sus puestos...

-(Se ríe.) Es una manera de incentivar para que el servicio se preste con calidad y agrado.

-¿Lo lógico no sería penalizar?

-Los funcionarios pueden ser sancionados e incluso cesados. Voy a romper una lanza, aunque escueza a muchos jefes de personal. A veces es más fácil llamar la atención a todos y no al indicado, ¿por qué? No lo sabemos.

-¿Dependerá del poder del funcionario en cuestión?

-Ovejas negras hay en todos los rebaños, si bien ha de existir vocación de servicio público.

-¿Sigue vivo el temor a nuevos recortes?

-Se teme otra rebaja del 5% en lugar de reducir coches oficiales, oficinas monstruosas o tantos asesores para luego hacerlo tan mal. Van al débil porque no se pueden defender, porque hay unos sindicatos que están subvencionados y, como decía mi querido Juan Romero, no muerden la mano que les da de comer.

-Y ustedes, ¿qué están haciendo por defender esos derechos?

-Estamos poniendo todas las trabas posibles para que la Administración cumpla con la Ley. Nos llaman talibanes porque somos muy exigentes, pero es nuestra misión ante una Junta que jamás negocia. Impone. Pero vamos a estar, guste o no guste, esté el partido que éste. Somos independientes.