Coag Almería inició ayer una campaña de sensibilización hacia los dos eslabones de la cadena agroalimentaria que se encuentran más separados, el agricultor y el consumidor, para reivindicar las bajas cotizaciones que está percibiendo el productor en origen y los elevados precios que tiene que pagar el cliente por las frutas y hortalizas que pone sobre su mesa.

La organización agraria llevó a cabo un acto simbólico de entrega de verduras a las puertas de un Lidl situado en la capital almeriense, el primero de otros que repetirá en otras grandes superficies y en otras provincias, entre ellas, Sevilla y Madrid.

El secretario provincial de Coag en Almería, Andrés Góngora, hizo hincapié en la necesidad de levantar la voz ante esta situación "insostenible" y recordó que las grandes cadenas de distribución, lideradas por las alemanas, a las que siguen sistemáticamente el resto, añadió, con el respaldo del Gobierno, "están pisoteando a los agricultores de Almería".

Góngora puso como ejemplo la berenjena, que estos días se encuentra a 0,15 euros el kilo en origen, "lo que no cubre ni los costes de recolección", mientras que producir un kilo cuesta en torno a 0,48 euros por kilo. Con otras tampoco se llega al mínimo de los costes de producción, pues el agricultor percibe 0,20 euros el kilo en calabacín, mientras su coste de producción es de 0,41; el tomate se paga a 0,45, frente a los 0,49 que cuesta producirlo; el pepino se está vendiendo a 0,20 y su coste es de 0,42; y el pimiento está en subasta a 0,54 euros el kilo, frente a los 0,59 de coste de producción.

El secretario provincial de Coag en Almería fue más allá y calificó de "cómplices" a las comercializadoras almerienses, es decir, a las cooperativas y alhóndigas, unas estructuras comerciales que tachó de "meros siervos a favor de las grandes cadenas", de las que no están obteniendo ninguna respuesta. A pesar de la existencia de mecanismos de gestión de mercado, "después de lo sucedido con el veto ruso y, sin embargo, las estructuras comerciales no los están utilizando, están usando las ayudas por parte de las administraciones para aliviar una situación de mercado como la actual, al enviarse todo a los mercados, mientras que debería llevarse a cabo una serie de retiradas".

Según Coag, la situación genera "un grave problema" también para el Gobierno central, pues su ley de mejora de la cadena alimentaria no tiene competencias en la comercialización al exterior y se ciñe exclusivamente a las operaciones realizadas en el mercado nacional. "La ley carece de aplicación fuera del territorio nacional", con lo que una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios, esta no tiene capacidad de investigación, lo que deja únicamente la opción de acudir a organismos de Competencia de la UE.