Dentro del Programa de Reformas del Gobierno una parte esencial se refiere a la reforma de las Administraciones Públicas. España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. A esta voluntad responde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.

Además de la necesidad de abordar el estudio integral de la reforma administrativa, es necesario dar cumplimiento a dos mandatos de la última Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas que acordó la creación de un Grupo de Trabajo, en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, que elabore un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades; y en el Programa para la Aplicación del Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas se ha previsto la creación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de un grupo de trabajo para acordar un código de buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro.

Cuatro cuestiones deben de ser tratadas con el mayor consenso político y administrativo, y en ello la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha querido plantear la apertura de un estudio integral para articular una mejora de la calidad y excelencia en la Administración Pública: Duplicidades administrativas, con objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa. En la medida en que las competencias atribuidas a la Administración Local están ya siendo objeto de reforma en un proyecto de modificación de su Ley de Bases, las duplicidades a identificar en este estudio son las que se producen entre la Administración General del Estado y las Autonómicas. Simplificación administrativa, revisando las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos. En particular, se solicitará información sobre los procedimientos cuya finalidad requiere, para ser efectiva, la participación de otras Administraciones Públicas, como la creación de empresas. Se integran aquí los proyectos en curso en la Dirección General de Modernización Administrativa. Gestión de servicios y medios comunes: tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos. En este grupo es fundamental estudiar modelos de éxito implantados en grupos empresariales españoles, de los que se obtendrá información y colaboración. Y Administración institucional, donde se deberá de analizar la distinta tipología de entes que la componen, se revisará el marco normativo y los modelos que en él se identifican como óptimos. Se plantearán las modificaciones que convengan en la lista de entidades existentes, para lo cual los Departamentos ministeriales deberán presentar información y las propuestas oportunas.

Para ello se ha creado en la Comisión Virtual de la reforma de las Administraciones Públicas dos buzones que recogen de los ciudadanos y residentes las sugerencias sobre duplicidades administrativas y sugerencias sobre trabas burocráticas. Este buzón está abierto para hacer llegar a la Comisión las iniciativas y sugerencias que estimen oportunas para la mejora del funcionamiento de los Ministerios y los Organismos públicos, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos y otras Entidades Locales. El procedimiento es muy sencillo, basta con rellenar un formulario. Se trata de identificar procedimientos y trámites de uso habitual por parte de los ciudadanos, que consideren que se pueden mejorar. Su formulario será estudiado por la Comisión. Todas las aportaciones son igualmente valiosas, pudiendo resultar muy útiles para detectar posibilidades de mejora en el funcionamiento de los servicios y en la organización administrativa.

Finalizado el trabajo, el Pleno de la Comisión trasladará las propuestas correspondientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Consejo de Ministros y traslado a los grupos previstos en los acuerdos de la Conferencia de Presidentes. El plazo para que la Comisión concluya sus trabajos será el 30 de junio de este año.