Tras la semana pasada con una intensidad institucional que tiende a ser cada vez mayor, no podemos obviar que fue el miércoles, día 24 de septiembre, festividad de la Virgen de la Merced, uno de los días, en los que con corrección fraterna y solidaria, gestores públicos y diversos agentes sociales, quisieron unirse a la comunidad penitenciaria para celebrar la efemérides de su redentora patrona. Si importantes son todas las distinciones y menciones que se entregan a personas y entidades públicas y privadas por ser acreedoras en su estrecha relación de cooperación y colaboración con los hombres y mujeres que hacen posible día a día, con mucho esfuerzo, dedicación y tesón en todos los campos de actuación facultativa de la comunidad penitenciaria, más lo son dos hechos de vital importancia: la gratitud institucional por la concesión de una condecoración al Director del Centro Penitenciario El Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz, y el magistral panegírico pronunciado por la Delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ambos hechos con la calificación de "cum laude" sobresaliente. Han marcado el día mercedario en el interior de El Acebuche. Pero sobre todo, la presencia de la máxima autoridad del Estado en Almería, ante una agenda con un sinfín de compromisos, supone la mayor manifestación de apoyo del Gobierno a la dirección y gestión pública que se está llevando a cabo en el Centro Penitenciario con la ayuda de los empleados públicos, voluntarios, agentes sindicales, reclusos, familiares de internos y con la siempre ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Delegada ha sabido conjugar en sus sinceras palabras, con una didáctica a viva voz, el sentir profundo y emocionado de la máxima Magistratura del Estado en Andalucía con el servicio público a los intereses generales y sociales, que se están prestando en El Acebuche. Un centro referente y ejemplo organizativo y funcional a nivel nacional, en la búsqueda de la calidad y excelencia de los diversos servicios que lo integran, con clara influencia en la implementación de las normas penitenciarias, que permiten un elevado índice de reinserción y reeducación de quienes tras su salida tienen que incorporarse a la sociedad civil en plenitud de derechos, libertades y deberes.