EL presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio Manuel López Hernández, en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar, dio por clausurado el Curso de Verano sobre Novedades Legislativas en el ámbito del Sector Público y del Control Externo, un encuentro promovido por el Tribunal de Cuentas de España y la Cámara de Cuentas de Andalucía con el Rectorado de la Universidad de Almería. Catedráticos de Derecho Administrativo y Constitucional, funcionarios Letrados, Secretarios e Interventores de Ayuntamientos y otros operadores jurídicos, han disertado con una adecuada didáctica y excelente metodología basada en la praxis científica, la situación actual y las medidas que serán necesario implementar con carácter urgente para llevar a cabo la eficiencia y calidad de la gestión pública. Es necesario para atajar el alto grado de corrupción, la implementación con eficacia y eficiencia de herramientas y un claro sistema de transparencia y buen gobierno en todas las entidades que integran el Sector Público; cuyos fondos estimativos derivados de conductas punitivas pueden alcanzar los 47.000 millones de euros, de los cuales solo 4.000 se encuentran en determinados procesos judiciales el orden de la jurisdicción penal. Para ello, será necesario que las Administraciones públicas cumplan con el mandato imperativo de impulsar la participación ciudadana en el derecho a todo tipo de información en la actividad política, sin ningún tipo de elementos burocráticos, que aminoren o sesguen este derecho de todo ciudadano a estar debidamente informado en concordancia con la protección de datos, de todos los expedientes administrativos que se tramiten y, en concreto, en qué se invierten y cómo los fondos correspondientes al erario público.

Durante las sesiones de trabajo, dirigidas magistralmente por los directores del Curso, el catedrático de Derecho Administrativo de la UAL, Juan Francisco Pérez Gálvez, y María Dolores Genaro Moya, Consejera del Tribunal de Cuentas, quedaron expuestos de forma fehaciente, notoria y pública todas aquellas propuestas técnicas-jurídicas, que son necesarias para la regeneración de la actividad pública, lo que conllevará una mayor responsabilidad penal de los gestores públicos ante desajustes o disociaciones en los programas de cumplimiento, con especial referencia a la contratación pública y procesos selectivos en la Función Pública.