La vista oral prevista para el viernes del juicio relacionado con la construcción de 13 viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable en el paraje de la Piedra Amarilla de Partaloa y en la que el exalcalde y actual concejal del PSOE, Federico Molina, se enfrenta a penas de nueve años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial, se suspendía debido a que el procedimiento no había sido notificado a una de las partes acusadas. La juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería decidía suspender el juicio después de que, en el transcurso de las cuestiones previas, las defensas indicaran que el procedimiento no había sido notificado procesalmente a la mercantil Lakes Vega S.L., sociedad que promovió la construcción de la viviendas.

La Fiscalía interesa la demolición de las viviendas construidas, que la promotora asuma los costes, así como la indemnización a los compradores de las viviendas de la cuantía pagada y los gastos ocasionados en la compra de sus viviendas. Un caso similar a otra promoción en esta localidad del Almanzora que afecta a 29 viviendas construidas en el paraje de Retamar y que desde la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) hacían público hace unos días porque afecta del mismo modo a compradores británicos y belgas que "compraron de buena fe y ahora corren el riesgo de quedarse sin vivienda y sin dinero" asegura su abogado, Gerardo Vázquez, en referencia a que "primero se lleva a cabo la demolición y luego estas familias tienen que recorrer un camino incierto para cobrar esa indemnización. Un claro ejemplo de ello son la familia Prior en Vera, que siguen viviendo en un garaje".

Según AUAN esto no son casos aislados, "todo lo contrario, en los últimos tiempos están conociendo procesos judiciales, denuncias que se remontan a la última década y que están llegando a los juzgados" en todos los casos, la fiscalía solicita la demolición de las casas construidas.

La Junta de Andalucía cifra en 12.000 el número de viviendas ilegales levantadas en el Almanzora y el Levante en los últimos años. Existen casos donde se concedieron las licencias municipales como es el caso de Partaloa, Arboleas donde la administración autonómica ha revocado siete licencias en Los Carrascos en los últimos meses, o en Zurgena donde la Junta ha revocado también 14 licencias municipales. Casas que estarían debidamente inscritas, pero construidas sobre suelo rústico. Una situación que está generando una alarma importante entre los propietarios que ha hecho que una vez más reclamen soluciones políticas. "Hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos, hemos hecho propuestas para solucionar este problema y estamos esperando soluciones" aseguran cansados "de falsas promesas" aseguran.

En los ayuntamientos de la comarca se han celebrados plenos en los que se ha aprobado una moción popular en la que se insta a la Junta a que paralice las demoliciones de viviendas y de una solución en firme a esta problemática cambiando la LOUA. En Ayuntamientos como Lúcar o Albanchez gobernados por el PSOE han sido aprobadas por unanimidad, y en consistorios como Olula del Río o Fines salían adelante con la mayoría del Partido Popular. No era así en el Ayuntamiento de Albox, donde la moción era presentada por la oposición y fue denegada con los votos en contra del gobierno socialista. Precisamente en Albox se celebraba la última reunión en noviembre del pasado año con la Junta de Andalucía, para abordar este asunto en la comarca, a la que acudía la Secretaria General de Ordenación del Territorio, Nieves Masegosa, el Director General de Urbanismo, Manuel Benabent, el Delegado en la provincia, José Manuel Ortiz, la parlamentaria socialista, Adela Segura, el alcalde de Albox, Rogelio Mena y AEPA.