El portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, manifestó ayer, un día después de la imputación del alcalde del municipio y seis ediles, que el caso por el que han sido llamados a declarar, en el que se investiga la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento para la construcción de diez chalés en la zona de la Fabriquilla es el resultado de "la situación de inseguridad jurídica que se ha venido creando de forma deliberada por la Junta de Andalucía".

Hernando avaló la decisión adoptada por la comisión de gobierno de Roquetas constituida el 14 de mayo de 2007 a raíz de los informes técnicos y jurídicos con los que se daba 'luz verde' a la concesión de la licencia. Asimismo, arremetió contra el Gobierno andaluz al asegurar que las circunstancias que se han generado en este caso "se debe a una situación de cambio en las normativas urbanísticas permanente que crea una notable inseguridad jurídica", sentido en el que ha comparado este caso con el de la construcción del hotel de El Algarrobico, que contó "con subvención de la Junta y licencias de todo el mundo". De este modo, tildó de "chocante" e "insólito" el que se trate de determinar si existe prevaricación en un caso que cuenta "con los informes favorables de los técnicos.

Por su parte, los socialistas roqueteros han anunciado que están manteniendo contactos con los partidos de la oposición en el Ayuntamiento con el objetivo de "forzar" al alcalde a convocar un pleno extraordinario en el que se esclarezcan los hechos junto a otros seis concejales, en el marco de un procedimiento judicial. La portavoz socialista, María José López, manifiesta que Amat, además de dar explicaciones ante el juez, debe rendir cuentas públicas en el Ayuntamiento, a lo que ha añadido que espera que "no intente bloquear esta iniciativa".