Una vez conocida la noticia de que el próximo 18 de noviembre se procederá a la demolición de dos viviendas en Cantoria, la 'Asociación Abusos Almanzora No' que aglutina a buena parte de los propietarios de viviendas ilegales en el Almanzora, a través de su presidenta y su representante legal, presentaban el miércoles un escrito en el que solicitan al Director General de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, personarse en el procedimiento.

La plataforma alega que los adquirientes de buena fe no han recibido indemnización alguna por el perjuicio, que el derecho a la propiedad es un derecho humano reconocido internacionalmente y que los derechos humanos vinculan a la administración y sus funcionarios. En el escrito sugieren además que la Junta de Andalucía podría haber incurrido en "la falta de adopción de las medidas de control para la evitación de ilícitos criminales", haciendo referencia a las miles de viviendas en situación irregular que hay en todo la comunidad autónoma cifradas en unas 300.000.

En cuanto a una posible infracción de los principios del derecho, AUAN manifiesta que "es sabido que no se pueden tirar las 300.000 casa ilegales de Andalucía, ni miles de ellas, ni siquiera cientos y que la voluntad declarada de la Junta es regularizar un 95% de ellas en el Valle del Almanzora por ejemplo. Es decir se ha reconocido que no se pueden tirar 300.000 casas para supuestamente restaurar el medioambiente. Ante ello tampoco es lógico tirar una sí y otra no. Con la demolición de estas viviendas no se restaura el medio ambiente de una manera efectiva. La persecución de las irregularidades, al menos, desde las administraciones públicas y en cuanto revestidas de poder y obligación de control, debe ser el mismo para todos y no la lotería que vemos existe" reza el escrito. También, como nota importante, el colectivo recuerda que el suelo donde están construidas estas viviendas, está en vías de regularización, ya que "en septiembre de 2012 el Ayuntamiento de Cantoria aprobó definitivamente el Documento de Avance de planeamiento para la identificación y delimitación de los asentamientos y hábitats rural diseminados del término municipal", donde está incluido el paraje Las Terreras, lugar en el que se encuentran estas dos viviendas. Por ello dice AUAN "nos interesamos por saber si dichos cambios normativos se están teniendo en cuenta en la ejecución de la demolición". Finalmente advierten que "ejecutar una orden administrativa de demolición en estas circunstancias podría significar la infracción de varios preceptos de legislación europea, dado que se crea un obstáculo de hecho al libre movimiento de capitales, es decir desincentiva la inversión en España".

El abogado de AUAN, Gerardo Vázquez, se muestra contrario a las demoliciones de viviendas en el Almanzora y hace referencia a la petición realizada por el abogado de las familias propietarias, Alejandro Navarro, que ha solicitado la paralización "por razones humanitarias".