El pasado mes de julio, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, Rosa Aguilar, coincidiendo con su visita al municipio de Albox, anunció el comienzo de una ronda de reuniones a tres partes, entre Junta de Andalucía, alcaldes del Almanzora y afectados, para abordar el problema de las viviendas ilegales en la comarca.

El primer encuentro se celebró ayer en el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra. A las once y media comenzaba la primera de las reuniones, a la que se convocó a los alcaldes de los municipios afectados, entre ellos, los alcaldes de Albox, Arboleas, Zurgena, Albanchez, Cantoria, Oria, Partaloa o Macael, que durante más de tres horas mantuvieron un encuentro a puerta cerrada con la delegada de Obras Públicas y Vivienda en Almería, Ana Vinuesa, el director General de Urbanismo, Daniel Fernández Navarro, y la directora general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Urioste Azcorra.

En palabras de la delegada, Ana Vinuesa, las reuniones se celebran "con una inquietud y con una línea de trabajo, que es la de seguir avanzando en el planeamiento, seguir analizando las dificultades que nos encontramos en el camino para ir incorporando a la legalidad a través del planeamiento, situaciones de viviendas fuera de ordenación". Unas reuniones que tal y como adelantaba Vinuesa se tendrán que seguir celebrando ya que es "un problema difícil de solucionar con la normativa legal existente y requiere que vayamos estrechando lazos de colaboración". En cuanto a las soluciones futuras, la Delegada advirtió que "la solución debe pasar por la aprobación de los planeamientos urbanísticos, aunque hay casos que no tienen solución y eso también se va a poner de manifiesto a lo largo de todo este proceso. Se tendrá que demoler todo aquello que no se pueda mantener conforme a la ley, esto no va a ser un punto y final".

Para alcaldes como José García, primer edil de Albox, "es una prioridad que garanticemos los servicios básicos a estos vecinos y les podamos dar una seguridad jurídica. Necesitamos soluciones, coincido con la Consejería en que tenemos que colaborar todos, pero después de más de tres años y medio de trabajo, necesitamos que se adopten decisiones inmediatas y que tengan resultados. Estamos hablando de personas y tiene que primar el interés general, son familias que viven en nuestro pueblo y ni siquiera podemos darles un documento que les permita tener los servicios básicos como son la luz o el agua".

Celeridad y soluciones es también lo que piden los alcaldes del Almanzora. Ángel García, primer edil de Arboleas, insiste en la necesidad de "ser más operativos, hay que pasar ya a la fase de las soluciones directas en función de cada caso en concreto. Esto no debe ser un inicio más, el diagnóstico está hecho y ahora hay que aplicar las soluciones".

"Es necesario que se desatasquen varios asuntos, que haya una mejor coordinación entre las delegaciones implicadas, la burocracia es muy lenta. En mi pueblo, donde no llegamos a 1.000 habitantes, llevamos más de seis años tramitando el Plan General, y no se puede tardar tanto tiempo" afirmaba el alcalde de Albanchez, Francisco Martínez, a su salida de la reunión.

El primer edil de Cantoria, Pedro Llamas, preguntado tras el encuentro, decía compartir los reclamos de todos alcaldes, aunque si quiso dar ánimos, en cuento a que es posible la solución, "quiero animar a mis compañeros, yo he empezado a ver la luz en mi planeamiento, pero está claro que es necesaria una mayor coordinación y agilidad, sobre todo en cuanto a los informes sectoriales. Las soluciones hay que buscarlas ya, porque son ciudadanos de nuestro pueblo, y como tal tenemos que atenderlos".

El colectivo de ciudadanos británicos, propietarios de viviendas en situación irregular, la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN) se reunían poco después, a partir de las cuatro de la tarde. Una reunión que se prolongó durante algo más de dos horas y de la que salían "tremendamente decepcionados, esperábamos algún tipo de avance y no hay nada de nada" afirmaba la presidenta del colectivo, Maura Hillen. "Nos prometieron que con estas reuniones se iba a marcar una hoja de ruta y no hay ninguna, hemos esperado siete años y ahora les quedan siete meses para que presenten alguna idea, porque en la reunión de hoy no se han planteado ideas, y mucho menos soluciones" añadía a su salida de la reunión, acompañada por el abogado del colectivo.

AUAN entregaba además un dossier, en el que se pretendía marcar la forma de trabajo futura, una declaración conjunta de principios y las demandas de los afectados, unos reclamos que se basan principalmente en "la demanda de colaboración y coordinación entre las tres partes, para encontrar soluciones ejecutables en un corto plazo de tiempo. Y por encima de todo, una prioridad inmediata, que es atender a esas familias que están viviendo sin servicios básicos, evitar la demolición injusta de viviendas y respetar los derechos humanos de las víctimas de este desajuste inmobiliario y urbanístico", reza el escrito entregado por la asociación.