Las defensas de los imputados en la Operación Costurero muestran unanimidad en que, a la vista al día de la fecha del contenido del sumario facilitado, ninguno de sus patrocinados ha incurrido en delito alguno. Tanto Rafael Salinas, abogado defensor del empresario Antonio López, como el bufete de Antonio Segura, que lleva la defensa de siete inculpados entre ellos el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, coinciden también en señalar la desproporción entre lo investigado y las medidas adoptadas. En opinión de los letrados, la acción policial y judicial puede haber vulnerado derechos fundamentales de los acusados por lo que, en manifestaciones de Antonio Segura, van a efectuar las reclamaciones oportunas.

Con las lógicas diferencias en las argumentaciones de defensa al estar incriminados responsables públicos y empresarios privados, los abogados defensores asocian el origen de las denuncias que han dado lugar a las actuaciones judiciales a la fracasada moción de censura presentada en el pasado año de dos mil seis por los socialistas en el municipio de Zurgena. De ahí y a la vista del sumario judicial, la presunción manifestada por los representantes legales de los acusados de que todo sea fruto de una "maniobra política" al observarse irregularidades, anormalidades e, incluso, indicios delictivos cometidos por destacados miembros del PSOE. Los acusados, a través de sus abogados, hablan abiertamente de una "persecución política".

Igualmente, concluyen que, de las más de ochocientas escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil e incorporadas al sumario, quedan reflejadas las conversaciones de los implicados con el interés en dar soluciones a los asuntos urbanísticos de Zurgena, mientras que, por el contrario, existen conversaciones grabadas a responsables del PSOE donde se observa todo lo contrario. Es más, según explicó ayer el abogado Rafael Salinas, el delegado provincial de Obras Públicas, Luis Caparrós, dice en una de las conversaciones mantenidas con un constructor: "Yo arreglo lo tuyo, a los demás que les den...". Salinas añade que Blas Díaz Bonillo, ex delegado provincial y senador del PSOE, tiene grabadas conversaciones cuyo contenido podría volverse contra él, como se verá en la celebración del juicio.

La defensa de los políticos zurgeneros, dirigida por el abogado Antonio Segura, estima que los delitos que se les atribuyen a sus patrocinados se deben a la disparidad de criterios entre la Junta de Andalucía y las Normas Subsidiarias Parciales que aplica el Ayuntamiento de Zurgena, actuación avalada por el informe de un catedrático en Derecho Administrativo. Rafael Salinas, letrado defensor del imputado Antonio López, empresario que asegura haber contado siempre con la licencia municipal, considera que la Junta de Andalucía ha hecho "dejación de funciones" al haber permitido la venta de aproximadamente mil quinientas viviendas e impugnarlas ahora.

Por razones obvias, los abogados defensores de los implicados en la Operación Costurero guardan hasta la celebración de la vista, si antes no hay sobreseimiento de la causa, los pilares en los que van a sustentar las respectivas defensas, aunque sí adelantan que, a partir de esta actuación, se pondrán en conocimiento de la autoridad todas aquellas construcciones no acordes con la legislación para que se actúe con la misma celeridad que en Zurgena. De otro lado, el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, darán su versión de los hechos en el transcurso de una rueda de prensa que celebran hoy a partir de la once de la mañana, en el Teatro Municipal de Zurgena.

La Guardia Civil ha imputado a un total de 24 personas por presunta corrupción urbanística en Zurgena dentro de las diligencias incoadas por la Fiscalía de Medio Ambiente ante la supuesta construcción de un millar de viviendas en suelo rústico del término municipal y en el marco de las que la Benemérita detuvo al alcalde y concejal de Urbanismo (ambos del Partido Andalucista), Cándido Trabalón y Manuel Tijeras, a dos promotores inmobiliarios y a dos arquitectos. 48 horas después consiguieron libertad con cargos y sin fianza tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal Overa.