El Defensor del Pueblo Andaluz ha cerrado la queja de oficio abierta en relación a la ubicación de la desaladora del Bajo Almanzora que, un año después de su inauguración en septiembre de 2011, quedó inservible debido a las lluvias torrenciales que cayeron en la comarca y que dieron lugar a unas importantes inundaciones. En su resolución, el departamento dirigido por Jesús Maetzu señala que, sin perjuicio de su actuación, dará traslado de las actuaciones a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales por si procede la intervención de dicho organismo ante las eventuales "irregularidades detectadas" en instancias estatales en relación a la desaladora, afectada en la investigación abierta por la Audiencia Nacional en el 'caso Acuamed'.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició la actuación de oficio en marzo de 2016 para conocer las razones por las que se ubicó la desaladora del Bajo Almanzora en un lugar donde, al parecer, "existía un elevado riesgo de inundaciones".

En este sentido, y tras solicitar informe a la Consejería de Medio Ambiente, la oficina del Defensor señala que los daños se produjeron debido a que la rambla de Canalejas, cuyo encauzamiento ejecutó Acuamed, según precisa, "no estaba correctamente encauzado" por lo que "se desbordó en la confluencia con el Almanzora".

Asimismo, se remite a otros informes emitidos por la Agencia Andaluza del Agua en los que figura que las obras de la desaladora no afectarían al encauzamiento del río Almanzora ni la rambla Canalejas.