Las peticiones de Eugenio Gonzálvez, alcalde de Gádor, al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, han sido escuchadas. Según se explica en el informe "su queja ha sido admitida a trámite y procedemos a iniciar las actuaciones ante los organismos administrativos correspondientes para investigar los hechos que motivan su reclamación".

Las medidas anunciadas por el equipo de Gobierno de Gádor para lograr que la Consejería de Educación acabe con la "penosa" situación que está sufriendo la familia educativa del colegio público Soledad Alonso de Drysdale no han tardado en llegar. Hay que recordar que este colegio tiene más de 50 años de antigüedad y que el Ayuntamiento lleva casi cuatro años pidiendo que la Junta de Andalucía cumpla con su obligación de eliminar las deficiencias existentes en sus edificios. La Delegación de Educación "no sólo no ha actuado, sino que, además, ha ignorado tales peticiones". Por este motivo, el alcalde de la Villa, Eugenio Gonzálvez, ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz en el que se le pide que interceda por los alumnos, profesores y padres de este colegio y se le insta a actuar en defensa de sus derechos, seguridad y bienestar. "No podemos permitir que el delegado ignore, desprecie y margine a los gadorenses que tienen que ver impasibles como su colegio cuenta con deficiencias en materia de estructura, instalaciones eléctricas, fontanería, climatización...", critica.

Además, el edil adjuntó un dossier con un informe del arquitecto, fotografías y la documentación que prueba todas y cada una de las peticiones realizadas por el Ayuntamiento, a través del pleno y de solicitudes de Alcaldía. En la misiva, el alcalde expone una a una las deficiencias: "El colegio necesita, desde hace unos cuantos años, que se acometan las obras de reparación de las cubiertas y solerías; la sustitución las carpinterías de hierro y madera por PVC o aluminio; la supresión de las barreras arquitectónicas y la dotación de un ascensor o plataforma que posibilite el libre acceso a los alumnos discapacitados del centro; y la reparación de los aseos que se comprometió a arreglar con el Ayuntamiento, ya que la Administración Local cumplió su parte del trato y reformó el aseo que le correspondía. El CEIP no cumple con los mínimos exigidos por la Ley en materia de accesibilidad. Las diferentes barreras arquitectónicas impiden al alumnado con discapacidad poder acudir al aula digital", suscribe en el escrito.