Tribunales

Dos de los Guardias Civiles acusados de narcotráfico acusan de "amenazas"a un teniente del Grupo Antidroga

  • Según estos, su superior tenía "rencillas" con ellos por culminar con éxito operaciones que no lograba realizar la unidad de este alto mando

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Carlos Anselmo P.J. y Manuel G.M., dos agentes de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) acusados de cooperar con una red internacional de narcotráfico que introdujo al menos diez toneladas de hachís por la costa almeriense entre febrero y octubre de 2001, negaron hoy su implicación en los hechos y señalaron "amenazas" por parte de un teniente del Grupo Fiscal y Antidroga (GIFA) identificado como P.H., que, según la versión de los dos imputados, tenía "rencillas" con ellos por culminar con éxito operaciones que no lograba realizar la unidad de este alto mando.

Durante la vista oral, retomada hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, ambos negaron haber realizado cualquier seguimiento a la cámara térmica con el fin, tal como defiende el fiscal, de alertar a la banda de traficantes de la presencia de la Benemérita y facilitar así el alijo de la sustancia estupefaciente. 

Ambos agentes respaldaron la declaración del tercer guardia civil imputado, Maudilio P.L., sargento del cuartel de Roquetas, que resaltó en su declaración ante el magistrado Benito Gálvez, el pasado 25 de abril, la "enemistad" que existía entre el grupo de investigación de delitos comunes del que estuvo al mando desde principios de 2000 y el GIFA, así como la "persecución" de que fueron víctimas por parte de determinados mandos superiores a los que acusaron de actos "irregulares". 

Durante la sesión de hoy declaró también como testigo el propio P.H., instructor de las diligencias contra la red de narcotraficantes, que argumentó la participación de los tres agentes acusados, en primer lugar, en las referencias a la «seguridad» de las operaciones de la banda en las conversaciones interceptadas entre algunos miembros, que hablaban de «meter gran cantidad» de hachís para "compensar" el "coste adicional" de esta "seguridad".

El instructor reveló además que, ante la sospecha de que la red recibía la ayuda de algunos guardias civiles, montó un dispositivo de contravigilancia para seguir la cámara térmica, único elemento de control en aquel momento para detectar los posibles desembarcos de hachís en la costa.

Fruto de esta investigación, según relató, su grupo observó que los dos agentes imputados, de baja psicológica en el periodo de actuación de la red, "vigilaban" la cámara térmica y observó que cuatro de las operaciones de la trama coincidieron "casualmente" con los días de descanso del sargento Maudilio, al que también achacó el "control" de la cámara. 

El Ministerio Fiscal pide para los tres guardias civiles un total de 17 años y tres meses de prisión por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos.

Junto a los tres guardias civiles, se sientan en el banquillo otros dos presuntos miembros de la trama, H.M.M. y F.J.M.J., después de que el Ministerio Fiscal y la defensa pactaran una pena total de 26 años y medio de prisión para otros 13 implicados, mientras que sigue en busca y captura otro imputado. 

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