El problema que venía padeciendo el sector agrícola del Poniente derivado al cierre desde el pasado mes de septiembre de la planta de residuos agrícolas Ejido Medio Ambiente ha llegado a su fin. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, firmó ayer la orden con la que levanta la suspensión parcial que pesaba sobre la planta, a la que le impedía procesar restos agrícolas mezclados con rafia.

Ortiz confirmó esta medida que quedó suscrita a las 13:00 horas después de mantener una última reunión con los gestores de la planta, que fue clausurada parcialmente tras el último incendio que sufrió el pasado verano.

Durante esta reunión, los responsables del centro han presentado la documentación que certifica los trámites llevados a cabo para ampliar la zona de acopio de rechazo, de forma que se ha solicitado el uso de un solar anexo para esta tarea, así como el acuerdo alcanzado con la planta cementara de Gádor para la destrucción de estos restos mezclados con rafia y que no son aptos para la fabricación de compost.

De esta manera, tan solo 24 horas después de que el propio delegado asegurara que la empresa no había demostrado que pudiera realizar una gestión adecuada de esta fibra, desde ayer si lo está después de esta reunión con sus responsables.

Ha sido una semana acomplicada para agricultores y transportistas, que se han concentrado a lo largo de la semana hasta en dos ocasiones, apoyados por las organizaciones agrarias, para pedir una solución ante el grave colapso en el que se encuentran las plantas de tratamiento.

El delegado ha valorado que finalmente se haya podido dar solución a los problemas planteados por los agricultores, que denunciaban ante el cambio de cultivo, la imposibilidad de deshacerse de los restos vegetales de la anterior campaña.

No obstante, ha pedido mayor "agilidad" a los gestores de Ejido Medio Ambiente, con los que se han reunidos varias veces esta semana, a la hora de realizar las gestiones para acreditar la seguridad de la planta. De igual forma, ha indicado la necesidad de gestionar correctamente las instalaciones para impedir nuevas saturaciones de rechazo.

De forma paralela, Ortiz Bono ha precisado que el expediente sancionador que motivó el cierre parcial de la planta tras el incendio, lo que podría suponer una multa de entre 600 y 30.000 euros a la entidad, sigue su curso, con lo que podría resolverse en las próximas semanas.

Cabe recordar que, en el pasado pleno, celebrado esta semana en el Ayuntamiento, se aprobó, por unanimidad, exigir al delegado de Agricultura, Manuel Ortiz, una respuesta inmediata al grave colapso en el que se encuentran las plantas de tratamiento de restos vegetales en el municipio. El equipo de gobierno del PP presentó en la sesión plenaria una moción que fue respaldada por el resto de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento del municipio.