Tribunales

Macael denunciará al Gobierno por el "impago" de las obras del desprendimiento de la ciudad deportiva

  • El alcalde, Juan Pastor Molina, ha manifestado sentirse “dolido” y “engañado” por los técnicos de Protección Civil que “me prometieron asumir el 100% del coste económico de las actuaciones que hubo que realizar de forma inmediata”

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Macael ha aprobado por “unanimidad” demandar al Gobierno de España “por el incumplimiento del pago” de los gastos generados en los trabajos realizados con carácter de urgencia en la Ciudad Deportiva como consecuencia del deslizamiento de terrenos acaecidos en el mes de abril de 2007.

Ante la notificación ministerial, el alcalde de Macael, Juan Pastor Molina, ha manifestado sentirse “dolido” y “engañado” por los técnicos de Protección Civil del Gobierno de la Nación que, en aquellos momentos, “me prometieron asumir el 100% del coste económico de las actuaciones que hubo que realizar de forma inmediata”.

Ciertamente los trabajos se ejecutaron con total celeridad pero, sobre todo –explica el primer edil- , “bajo las máximas medidas de seguridad” ya que la cercanía de un edificio de oficinas y una fábrica colindantes exigía total precaución, pues, de otra manera – asevera- “hubiéramos podido poner en peligro la estabilidad de dichas fincas”.

Por ello –afirma el primer edil- “en todo momento se procedió con “cautela”, encarando el derrumbe del cerro con rapidez “pero” sin olvidar las necesarias medidas de seguridad, lo que supuso la realización de los estudios geológicos pertinentes, y el sometimiento a la dirección técnica del desmonte”.

Es “incomprensible”, por tanto, para Pastor Molina que “se nos penalice” por haber actuado de forma responsable y que sea ese el argumento sobre el que el ministerio ampara su decisión para denegar la subvención, alegando que “tardamos 15 en realizar dichos estudios” de lo que deducen que “no hubo carácter de emergencia”.

De tal manera, la junta local de Gobierno del Ayuntamiento de Macael ante la que considera “injusta decisión” ha emprendido las acciones legales pertinentes.

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