Piden la anulación del juicio por el asesinato de un joven apuñalado en Tabernas

  • La defensa alegó ante el TSJA que en la vista celebrada en la Audiencia Provincial no se admitieron pruebas contundentes

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El abogado de la defensa de José Luis Camacho Utrera, acusado de asesinar con una puñalada a Rogelio Cárceles, a las puertas de una discoteca de Tabernas el pasado 18 de febrero de 2006, solicitó ayer, en una vista celebrada en el Tribunal Supremo de Andalucía, la anulación del juicio en el que un jurado popular consideró culpable al acusado. El abogado de la defensa alegó que el magistrado de la Audiencia Provincial de Almería no admitió dos pruebas contundentes que dejaban constancia de la inocencia de José Luis, como son una grabación telefónica de una conversación mantenida entre la madre del acusado y un amigo en la que, presuntamente, hablaban de lo ocurrido y se dejaba constancia de que él no fue el asesino; y la negativa a que testificaran la madre y la tía del condenado. Por todo ello, la defensa presentó un alegato de indefensión.

Además, la defensa alegó que la puñalada mortal a Rogelio Cárceles se la podría haber asestado una persona zurda y no un diestro como José Luis. Se acogen a que el forense dijo en el juicio que la trayectoria era complicada para un diestro.

En este sentido, el abogado de la acusación, Juan Marfil, manifestó a este periódico que "el forense sí dijo que podría haber sido una persona zurda, pero en ningún momento desestimó que también podría haberlo hecho un diestro".

Tanto el fiscal como la acusación particular pidieron al presidente del TSJA impugnar los alegados de la defensa y que se diera como válida la sentencia dictada el pasado 25 de enero por la Audiencia Provincial de Almería.

Los hechos se remontan al 18 de febrero de 2006 cuando, un joven del municipio de Tabernas murió asesinado con una puñalada a las puertas de una discoteca. Una reyerta entre jóvenes acabó con una muerte en la que varios testigos presenciales señalaron a José Luis Camacho como el autor de la herida mortal. Un jurado popular consideró que el acusado era culpable de asesinato y el fallo del juez le condenó a 16 años de prisión y una indemnización de 200.000 euros a la familia.

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