El diputado de Izquierda Unida, Juan Pablo Yakubiuk ha lamentado la "pérdida de tiempo y recursos que se han empleado desde la Diputación Provincial de Almería para que el PP fuera en contra del decreto de defensa del litoral de la Junta de Andalucía", al desestimar el Consejo Consultivo de Andalucía la petición del PP a través de la Diputación, que alegaba un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta.

"Tal y como ya hemos venido explicando desde IU, y por eso además votamos en contra de esta presentación en el pleno, el Consejo Consultivo considera que no se ataca la autonomía local por suspender dos años los planes urbanísticos. Lo que sí supone un ataque contra la autonomía local es la reforma que planeta el PP nacional para vaciar la función social de los ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas", ha señalado.

El dictamen del Consejo Consultivo concluye que no concurre la legitimación ad causam exigida por la LOTC, ya que las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga no pueden sustituir procesalmente a los municipios integrados en su territorio, que son los titulares de las competencias supuestamente lesionadas por las normas que son objeto del conflicto

Además recalca que no forma parte del objeto del conflicto en defensa de la autonomía local, la discusión sobre la concurrencia o no del presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad para dictar el Decreto-Ley cuestionado y dice que no existen fundamentos jurídicos suficientes para que dichas diputaciones planteen el conflicto examinado, porque el artículo 2 del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, no lesiona la autonomía local.

El Consejo concluye que tampoco se aprecia que lesione la autonomía local al establecer un plazo de ocho años para que los municipios cuyo planeamiento sea anterior a 30 de diciembre de 2006 (fecha de entrada en vigor del POTA), se adapten al referido Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, y que, en caso contrario, la Consejería autonómica competente puede actuar por sustitución del municipio.